El Gobierno de España sostuvo un discurso público de condena al genocidio en Gaza al mismo tiempo que mantenía abiertos canales comerciales, logísticos e...

Una decena de colectivos de Badalona se han organizado para cocinar, facilitar ropa de abrigo y atender a los migrantes durante 13 días de lluvia y frío

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha adquirido recientemente unos terrenos junto al yacimiento arqueológico de Alarcos por un importe que, según los cálculos realizados a partir de precios oficiales y del aprovechamiento real de las parcelas, supera en cerca de 450.000 euros su valor de mercado. La operación, aprobada por el equipo de Gobierno del Partido Popular, ha situado bajo el foco público una compra municipal que ha terminado beneficiando a una conocida familia de Ciudad Real, con numerosas propiedades, y que ha abierto interrogantes sobre el rigor económico y la transparencia con la que se han gestionado fondos públicos. La denuncia ha sido formulada por el PSOE que, tras analizar el expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local, ha advertido de 'importantes irregularidades' tanto en la identificación de las fincas como en los criterios utilizados para fijar el precio final. Los socialistas han recalcado que no cuestionan la legitimidad de que el Ayuntamiento adquiera suelo cuando existe un interés público acreditado, pero sí ponen en duda que esta operación concreta se haya realizado con las garantías técnicas y económicas exigibles, especialmente cuando el pago se ha efectuado a un propietario privado con un amplio patrimonio inmobiliario. Según la documentación revisada, el Ayuntamiento ha acordado pagar 930.000 euros por estos terrenos, una cifra que, atendiendo a los precios medios del Ministerio de Agricultura y al uso real de las parcelas, no superaría los 500.000 euros. La diferencia, cercana a medio millón de euros, es la que ha llevado al PSOE a hablar de un 'sobrecoste injustificado' que terminarán asumiendo los vecinos de Ciudad Real. Uno de los principales problemas detectados reside en la falta de coherencia interna del expediente. La operación incorpora tres informes técnicos y dos notas simples del Registro de la Propiedad que no coinciden entre sí en aspectos esenciales como la delimitación de las fincas o sus superficies exactas. Además, los socialistas han advertido de que no existe un plano general que permita identificar con claridad los terrenos adquiridos, una carencia que dificulta comprobar qué se ha comprado realmente y en qué condiciones. Las discrepancias se agravan al comparar el acuerdo alcanzado con la parte vendedora y los informes técnicos municipales. Mientras el primero hace referencia a la compra íntegra de dos fincas registrales, los informes hablan de parcelas catastrales distintas, con superficies sensiblemente diferentes. Para el PSOE, esta incongruencia no es un mero error administrativo, sino un síntoma de improvisación y falta de control en una operación de elevado impacto económico. El grupo socialista ha puesto especial énfasis en el método de valoración utilizado para fijar el precio. Según ha denunciado, la tasación se ha realizado tomando como referencia exclusiva los datos catastrales, calificando amplias superficies como regadío. Sin embargo, en el expediente no consta ninguna concesión de agua ni autorización para el aprovechamiento de aguas subterráneas, un requisito imprescindible para considerar un terreno como regable. De este modo, se estarían pagando tierras como si fueran de regadío cuando, en realidad, deberían clasificarse como secano...

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, alertados por varios avisos de conductores al 062, dio el alto el pasado sábado 27 de diciembre a un camionero que circulaba de manera "errática" y en zizag por la carretera N-122 (Zaragoza – Portugal), a la altura del kilómetro 467, en el término municipal de Zamora.