Los datos del IPC adelantado del mes de febrero, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en un 3%, una décima más respecto a enero y el valor más alto desde el pasado mes de junio. Este repunte se debe al incremento del precio de la electricidad, frente al abaratamiento registrado hace un año. Por su parte, la tasa subyacente, que recoge la inflación de componente más estructural, disminuye tres décimas respecto al mes anterior, con una variación anual del 2,1%, el nivel más bajo desde diciembre de 2021. Así, la tasa anual crece por quinto mes consecutivo y se aleja del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo, si bien se debe a factores volátiles como el precio de los productos energéticos. No obstante, se trata de una tendencia preocupante que puede agravarse dado el incierto panorama internacional, en tanto la política arancelaria impuesta por Trump tendrá, previsiblemente, un impacto negativo sobre el crecimiento mundial y el control de la inflación. En este sentido, cada vez es más imprescindible la configuración de una respuesta coordinada por parte de la UE, basada en una mayor autonomía estratégica y el reforzamiento del mercado interior. No obstante, el tejido empresarial español tiene sobrada capacidad para mantener una senda de moderación de los precios. En este sentido, los datos del Observatorio de Márgenes muestran cómo éstos volvieron a registrar un máximo histórico por cuarto año consecutivo, alcanzando en 2024 una ratio del 13,1%, 3 décimas más que en 2023 y hasta 2,1 puntos por encima de 2019, antes del estallido de la pandemia. El crecimiento de los márgenes es especialmente intenso en algunas ramas, como es el caso de las ‘Actividades inmobiliarias’ que, con una ratio del 33,3% -la mayor de toda la estadística- supera en 20,2 puntos la media nacional. Esto pone de relieve cómo la vivienda se ha consolidado como un negocio especulativo cuya evolución difiere de la seguida por la economía real y los hogares, oponiéndose así al interés general de la sociedad. Por ello, es esencial ajustar el precio de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, a los ingresos reales de la población trabajadora, tomando medidas que blinden la función social de la misma y graven la actividad especulativa. Además, es necesario seguir elevando los salarios, especialmente los de las personas trabajadoras con rentas medias y bajas, lo que exige continuar dignificando anualmente el salario mínimo e impulsar acuerdos en la negociación colectiva coherentes con la buena marcha de la economía general y de los beneficios empresariales. 

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