Bajo el eufemismo de 'democratizar' la carrera judicial, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha presentado una batería de medidas incluidas en una Ley Orgánica del poder judicial que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. El Gobierno no ha disimulado y, deslizando que los jueces proceden de clases altas, ha lanzado un plan de becas para que todos los opositores al cuerpo de justicia reciban por ley el Salario Mínimo durante al menos cinco años. Además, se creará un centro público de preparación de oposiciones. 'No puede ser un impedimento la baja renta de las familias. Si tienes talento y te esfuerzas, puedes ser juez', ha afirmado Bolaños. Aunque lo más llamativo es que se refuerza el cuarto turno. Esto es, que profesionales con experiencia en el campo del Derecho puedan acceder a una plaza pública sin pasar unas oposiciones. El número de jueces que accedan por esta vía aumentará por ley, alcanzando uno de cada cuatro y, como novedad, se introducirá también en la Fiscalía para aquellos abogados 'con reconocido prestigio que lleven más de 10 años'. También se favorece la promoción de los jueces de lo mercantil y de violencia de género. Dos especialidades donde la progresista, pero minoritaria en otras especialidades, Jueces y Juezas para la Democracia tiene más afines. La reforma de Bolaños busca quitar poder a las asociaciones que, como las conservadoras APM y Francisco de Vitoria, son mayoritarias en el sector. Así, por ejemplo, se aumenta el número de miembros en la Comisión de Ética que pasa de 7 a 9 y estos cuatro nuevos puestos serán catedráticos escogidos por el Congreso, donde los socios del Gobierno tienen mayoría. Este organismo, hasta ahora independiente, busca orienta sobre la interpretación de los principios del derecho. A las asociaciones judiciales también se les prohíbe acceder a financiación privada. Bolaños lo ha enmarcado porque hay 'empresas y compañías que pueden acabar incursos en procesos judiciales'. No ha querido especificar más pero el Gobierno lleva un tiempo chocando con algunas de estas asociaciones. Además de la orientación de las dos asociaciones mayoritarias de jueces, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales está personada como acusación popular contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por posible 'revelación de secretos'. Bolaños ha defendido la actualización de esta ley orgánica para 'adecuarlo al siglo XXI' y que también incluirá cambiar los modelos de oposiciones para los candidatos a magistrados. Además de una de tipo test y otra oral se incluirá una escrita para 'garantizar habilidades en la redacción y en conceptos jurídicos'. Esta nueva prueba también se hará primero a los jueces del cuarto turno. Tras ella, se empezarán a analizar los Curriculum de los candidatos. También se elimina la incompatibilidad para el ejercicio de otras profesiones durante el tiempo que jueces sustitutos no son llamados para el ejercicio del cargo. El anteproyecto de ley, tras pasar por los órganos consultivos, será remitido al Congreso donde los partidos de la coalición, PSOE y Sumar, podrían hacer más cambios de la mano de sus socios. 'Todas las mejoras que se puedan hacer', ha admitido Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros desde la Moncloa.

El jefe de Opinión del Español pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para presentar su último libro llamado "Me gusta la fruta", una clara referencia a la protagonista de sus líneas

Para contribuir a la comparación entre los sistemas fiscales, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha desarrollado una serie de indicadores complementarios como el denominado Indicador de Presión Fiscal Normativa, que mide la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga. Este indicador se calcula a partir de los valores del Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation y se elabora de tal forma que el promedio de la Unión Europea obtiene un valor de 100. En la edición de 2021 la presión fiscal normativa, para España, se situó en 112,8 puntos. Para 2022 ascendió a 116,4 puntos, situándose en 2023 en peor posición, con 117,2 puntos. En 2024, esta variable experimenta una leve corrección hasta los 117 puntos. Esto significa que la presión fiscal normativa es un 17% mayor que en la UE. Peor aún: desde 2019, bajo gobierno de Pedro Sánchez, el incremento ha sido de 9 puntos, puesto que el presidente socialista llegó al poder cuando este indicador estaba 12 puntos por encima de la media comunitaria y evolucionaba a la baja. De igual modo, 'si calculamos la variación de la presión fiscal en España desde 2018 y la comparamos con la variación en la UE, vemos que la evolución ha sido especialmente gravosa en España, que aumenta un 1,8% del PIB, mientras que la media de la UE arroja una disminución de un 1,1% en el mismo periodo, es decir, casi tres puntos de diferencia'. La diferencia de presión fiscal en España respecto a la UE 'viene, en parte, explicada por una mayor tasa de desempleo y de economía sumergida; de este modo, si se lograra reducir la tasa de desempleo al nivel de la media de la UE-27 (6,3%), en lugar del 13,1% en 2022, el incremento en la recaudación sería notable. Se estima que podría aumentar en 14.400 millones de euros, lo que supondría alrededor de 1 punto porcentual del PIB'. En cuanto a la economía sumergida, según datos de la Unión Europea, en 2022 la economía sumergida en España representaba el 15,8% del PIB, mientras que el promedio para la UE fue del 13,7%. Teniendo esto en cuenta, el incremento de la recaudación derivado de llevar la economía sumergida a los niveles promedio alcanzados en Europa sería del orden de 12.000 millones de euros, lo que equivaldría a un impacto de unos 0,8 puntos porcentuales sobre el PIB. 'Si se analiza el efecto combinado de la equiparación de la economía sumergida y la tasa de desempleo a la media de la UE, el incremento de la recaudación, en relación con el PIB, aumentaría en 1,8 puntos porcentuales mejorando, significativamente, la recaudación sin necesidad de elevar los tipos', apunta el informe. Así, de 2,8 puntos de diferencia apreciados en los indicadores de presión fiscal, casi 2 puntos se explican por el paro y la economía sumergida. Y, si en vez de medirnos con el promedio nos comparamos con los cinco países con mejores resultados en términos de empleo y economía sumergida, el efecto sería de 4,9 puntos porcentuales, suficiente para acabar de un plumazo con el déficit. Por último, 'si se mantiene fija la presión fiscal española, pero se ajusta la recaudación en función de una renta per cápita equiparable a la media europea, la recaudación aumentaría, aproximadamente, en 146.000 millones de euros. Este ejercicio permite proyectar el margen de mejora recaudatoria posible si España alcanzara niveles de renta per cápita similares a los de otros países de la UE'. He aquí el efecto tan negativo que tiene el estancamiento del PIB per cápita bajo gobierno de Sánchez: al mantenerse los sueldos 'planos', los ingresos también se resienten y los incrementos recaudatorios actúan directamente contra la capacidad adquisitiva de los españoles, cuyos niveles de renta están cada vez más lejos del promedio europeo. Esfuerzo fiscal directo un 17% por encima de la UE Otro indicador adicional que permite comparar cómo de gravoso es un sistema tributario para sus contribuyentes 'es el esfuerzo fiscal, que establece una relación entre la presión fiscal y el PIB per cápita de cada país. De esta forma, se tienen en cuenta las rentas dentro de un país, ya que no es lo mismo pagar una determinada cantidad de impuestos con un nivel de renta que con otro, suponiendo un sacrificio mayor (a igualdad de impuesto pagado) para aquellos países que presentan menores niveles de renta'. Calculando el indicador de esfuerzo fiscal para los países analizados y estableciendo la UE-27 como nivel 100, el IEE encuentra que España 'realiza un esfuerzo fiscal un 13,7% superior al de la Unión Europea, que, ya de por sí, es bastante elevado en el contexto internacional, muy por encima del de otros países de la OCDE. Entre las grandes economías avanzadas, ninguna presenta un esfuerzo fiscal superior al de nuestro país. Además, si medimos el esfuerzo fiscal directo, es decir, teniendo en cuenta solo los impuestos directos como el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los resultados son todavía más negativos para España, cuyas familias y empresas soportan un esfuerzo fiscal directo un 17% más alto que la media de la Unión Europea'. Los hallazgos del IEE ahondan en la línea que ya planteaba la pasada semana el Instituto Juan de Mariana en su informe Populismo fiscal, en el que cuantificaba 81 subidas de impuestos y cotizaciones bajo gobierno de Pedro Sánchez.

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