La inflación en diciembre se sitúa en el 2,8% interanual, según el indicador adelantado, acelerándose 4 décimas respecto al dato de noviembre. La subyacente se sitúa en el 2,6% interanual, dos décimas más que en noviembre, que sigue mostrando resistencia a la baja, y el IPC armonizado con la UE en el 2,8% interanual, que es el homogéneo con el resto de la UE y sobre el que se basa el BCE como indicador de precios. Mensualmente, el IPC crece un 0,5%, una décima más que en el dato adelantado de este mismo mes, y la subyacente también un 0,4%. Es decir, la inflación repunta, no sólo por aceleración del dato interanual, que por comparación podría crecer debido a efecto estadístico, sino que se produce un crecimiento de la inflación mensual, cosa que ya sucedía en octubre y noviembre, de manera que estamos asistiendo a una tendencia de nuevo ascendente de los precios. Lo grave es que estos ritmos de crecimiento de inflación se producen sobre niveles de precios muy elevados alcanzados en los meses anteriores, con lo que sigue mermando el poder adquisitivo de los agentes económicos. La acumulación del deterioro de dicho poder adquisitivo es intenso y los agentes económicos han ido gastando sus ahorros y ajustando su cesta de la compra. Es cierto que la rebaja de tipos puede dejarles algo de renta disponible si tienen financiación a tipo variable y se la revisan, pero esa mayor laxitud en tipos puede traducirse en un repunte mayor de la inflación, que es preocupante. Por eso, es preocupante que el BCE haya emprendido esa senda de bajada de tipos que puede resucitar la tensión inflacionista y provocar un nuevo rebrote. Se equivocaron en la reacción a la inflación y esperemos que no se equivoquen al flexibilizar antes de tiempo la política monetaria. Recordemos que muchos productos han visto aumentar su precio de manera exponencial: así, sobre niveles ya muy elevados. Todo ello, sobre subidas acumuladas ya muy importantes en los últimos meses. Todo ello, hace que desde que gobierna Sánchez la inflación haya subido un 20,02%, mientras que la subyacente, durante su mandato, lo haya hecho un 18,07%. La contención que hubo de la inflación llegó muy tarde y duró poco, pues vuelve a acelerarse, al haberse producido durante tantos meses una merma en la renta disponible a los agentes económicos, que se empobrecen, especialmente las familias, afrontando, con los ahorros generados durante la pandemia ya gastados, un horizonte muy difícil, en el que la mitad de los españoles tiene dificultades para llegar a fin de mes, mientras el Gobierno los sigue endeudando y asfixiando con impuestos, con más de ochenta subidas, con un nuevo incremento de impuestos aprobado y otro que no ha salido adelante pero que quería aprobar, como el de los seguros de salud. Además, la preocupante evolución del crecimiento económico, basado en el gasto público (que ha expulsado a la inversión), ha tensado los precios al alza durante mucho tiempo, con riesgo de rebrote inflacionista para finales de año. Por otra parte, cuando se desaceleró, no se debió al Gobierno, ni al actual ni a ninguno, porque la inflación es un fenómeno monetario y, por tanto, depende de la cantidad de dinero que haya en el sistema. Lo que sí que puede hacer un gobierno, como el de Sánchez, es dificultar la transmisión de la política monetaria incrementando el gasto público, que ha hecho que sea necesaria una mayor intensidad y duración de dicha contracción monetaria, pero no baja gracias al Gobierno, sino que cuando baja es a pesar del Gobierno, que con su política de gasto público desmedido introduce elementos que pueden retrasar la adecuada transmisión de la política monetaria, como digo, enquistando el problema y provocando mayores esfuerzos por parte del banco emisor para poder controlarla, que puede provocar que repunte, como en los últimos meses. Si del Gobierno dependiera el banco central, probablemente tendríamos la moneda devaluada varias veces y la inflación creciendo de manera intensa, porque habrían provocado una expansión monetaria imprimiendo dinero. Afortunadamente, no está en sus manos. La inflación repunta y el resto de indicadores, donde sí que influye decisivamente la política económica del Gobierno, son malos, pese a su apariencia de corto plazo. Ese trampantojo, sin embargo, esconde un deterioro estructural profundo, con un empobrecimiento de la economía española, tal y como demuestra el PIB per cápita; con un gasto desbordante, de manera que para cubrirlo ya no saben qué más impuesto subir y crear, entre la demagogia, la envidia y la ineficiencia de sus propuestas; con un déficit estructural creciente; y con una deuda exponencial. Sánchez, el día que se vaya, además de un clima irrespirable de presunta corrupción que asola a todo su entorno profesional y familiar, va a dejar a la economía española como un solar, hundida, con difícil recuperación y con una losa de deuda, habiendo expulsado la inversión productiva y con una inseguridad jurídica enorme, que retrae inversiones. El legado económico -además del general- de Sánchez, aunque lo envuelva en el celofán del corto plazo, será catastrófico, pero a él le da igual, porque está instalado en el cortísimo plazo de su conveniencia, comprando cinco minutos más en La Moncloa con los cheques a sus socios a cambio de sus votos. Es decir, el crecimiento es insano; el déficit estructural se consolida; la deuda se dispara; la confiscación aumenta; el intervencionismo crece y la inseguridad jurídica cae -empeorada, adicionalmente, por las sospechas de corrupción y el intento de establecer la impunidad para esos hechos, mediante una ley específica para ello-, mientras la economía española ve pasar las oportunidades de realizar grandes reformas, que son las que necesita para crecer de manera sostenible y no de forma sostenida con un gasto público dañino.

El empresario Víctor de Aldama guarda en un sobre cupos de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por valor de 250 millones de dólares para financiar la Internacional Socialista de Pedro Sánchez. Este miércoles Aldama aseguraba en una entrevista que tiene en su poder un 'sobre con información muy delicada sobre el presidente Pedro Sánchez'. 'Es algo que tenemos que valorar tengo que sentarme con la Fiscalía. Es delicado. Todos entendemos que si tengo algo del presidente puede ser algo delictivo o ilegal o podría ser financiación del partido', añadía al respecto en una segunda entrevista. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que 'el contenido del sobre que guarda Aldama y salpica a Pedro Sánchez son cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA por valor de unos 250 millones de dólares destinados a financiar la lnternacional Socialista que preside el propio Sánchez'. 'Esta documentación ya ha sido mostrada y está en conocimiento del fiscal Anticorrupción que investiga la trama Koldo y la Trama Hidrocarburos, Luis Pastor', añaden. Tal y como desveló LD el pasado mes de noviembre, Aldama apuntó a la presunta financiación ilegal de la organización de la Internacional Socialista que hizo presidente de la misma a Sánchez en noviembre de 2022 con la colaboración de José Luis Rodríguez Zapatero y con fondos procedentes del régimen venezolano de Nicolás Maduro. Sánchez fue elegido presidente de la Internacional Socialista a finales de 2022, un cargo que asumió dijo con el ánimo de 'actuar' frente al 'pesimismo que pretende abonar la derecha y los movimientos reaccionarios en la política nacional e internacional'. De hecho, fue designado presidente de esta organización para los próximos 4 años por aclamación sin necesidad de votación, ya que su candidatura fue la única que optaba al puesto. Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que según la misma versión de Aldama, 'Sánchez habría conseguido supuestamente recaudar fondos procedentes del régimen de Nicolás Maduro a través de José Luis Rodríguez Zapatero, que mantiene en la actualidad diversos negocios con Venezuela'. 'En el contexto de la negociación de los fondos para la Internacional Socialista con Maduro, se produjo la polémica visita de su nº 2 Delcy Rodríguez a España en enero de 2020. Todo estaba relacionado. Por ello, Sánchez estaba al corriente y avaló dicho encuentro enviando un mensaje al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos', sostienen. 'La presunta financiación de la Internacional Socialista se habría canalizado con la participación de un testaferro venezolano cercano a Zapatero con los citados cupos de petróleo que obran en poder del empresario. Aldama asegura además tener información sobre una supuesta cuenta bancaria de Zapatero en Rusia que se habría utilizado para enviar los fondos desde Venezuela', concluyen. Según recoge el sumario de la trama Koldo, Aldama ofreció a Delcy Rodríguez intercambiar barriles de gasolina provenientes de Omán y Qatar por fuel de la empresa estatal venezolana PDVSA en plena pandemia del covid-19. Además, el empresario también medió en la compra de un millón de barriles de petróleo a la propia PDVSA por valor de 23,75 millones de dólares por parte de la empresa Suelopetrol, salpicada por la trama corrupta. Tal y como avanzó este diario, la mayoría de las pruebas contra Pedro Sánchez, su esposa Begoña Gómez y sus ministros se encuentran en el teléfono móvil incautado a Víctor de Aldama el pasado mes de octubre en el marco de la trama Hidrocarburos. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la semana pasada abrir una pieza separada sobre este asunto y para investigar el contenido del móvil, permitiendo el acceso al propio Aldama y a la Fiscalía Anticorrupción. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ya lo analiza, aunque el comisionista aún no ha podido acceder al contenido del dispositivo todavía por problemas técnicos.

El magistrado de la Sala de lo Penal Ángel Hurtado ha acordado nuevas diligencias para intentar recuperar la información vinculada a aplicaciones de mensajería instantánea instaladas en dos dispositivos móviles del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, así como en una cuenta de correo electrónico. Hurtado aprueba dichas diligencias a propuesta de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en la causa en la que investiga al fiscal general por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz borró su teléfono y móvil y entregó a la UCO un segundo dispositivo nuevo. En un auto de 5 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el instructor dispone que se emita una comisión rogatoria a los proveedores de servicios Whatsapp LLC y Google para que aporten cuantos datos obren en su poder respecto del usuario Álvaro García Ortiz. En su petición a Whatsapp LLC, solicita los mensajes recibidos y/o enviados por los usuarios, indicando los detalles básicos asociados a estas comunicaciones (emisor, receptor, día, hora, etc.), las copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia disponibles y asociados a los usuarios y el log o registro de las comunicaciones realizadas por los usuarios, incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación. El magistrado pide a Gooble Inc los datos almacenados en los diversos servicios y productos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de los dispositivos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de aplicaciones de terceros, copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia disponibles y asociados al usuario y log o registro de las comunicaciones realizadas por el usuario, incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación. Por otra parte, acuerda que se realice una copia de trabajo del volcado de información completo correspondiente a un teléfono móvil del fiscal general del Estado, y autoriza que se haga un análisis con el fin de acceder a las aplicaciones de mensajería instantánea y conseguir la información que permita el acceso a ellas. Señala que en caso de que se pudiera tener acceso a las comunicaciones contenidas en alguna de estas aplicaciones de mensajería instantánea, que se elabore el correspondiente análisis circunscrito a los días 8 a 14 de marzo de 2024. El instructor también autoriza a la UCO para conectarse a aquellos repositorios de información donde pudieran encontrarse archivos susceptibles de contener la información de interés al objeto de proceder a su descarga, procesado y posterior análisis. Precisa que se tenga en cuenta, además, que de lo actuado hasta este momento indagatorio la información que se ha obtenido de interés para la causa ha sido extraída de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp. En su auto, Ángel Hurtado considera que la petición de la UCO es coherente y razonable, por lo que accede a ella con la finalidad de intentar recuperar la información de las aplicaciones de mensajería vinculadas a los teléfonos del fiscal general. Señala que 'tratándose de la recuperación de conversaciones o mensajes, lo que se pretende, e indicando la UCO que para ello es necesario la realización de actuaciones y requerimientos que, al respecto nos apunta, y refiere en el propio oficio, tendentes a intentar llevar a cabo la recuperación de la información vinculada a aplicaciones de mensajería instantánea, en la medida que la solicitud que se interesa es razonable, y coherente con las consideraciones que en el propio oficio se recogen, apuntadas en el fundamento anterior, se ha acceder a ello, tal como se trasladan a la parte dispositiva de la presente resolución'.

Bajo el eufemismo de 'democratizar' la carrera judicial, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha presentado una batería de medidas incluidas en una Ley Orgánica del poder judicial que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. El Gobierno no ha disimulado y, deslizando que los jueces proceden de clases altas, ha lanzado un plan de becas para que todos los opositores al cuerpo de justicia reciban por ley el Salario Mínimo durante al menos cinco años. Además, se creará un centro público de preparación de oposiciones. 'No puede ser un impedimento la baja renta de las familias. Si tienes talento y te esfuerzas, puedes ser juez', ha afirmado Bolaños. Aunque lo más llamativo es que se refuerza el cuarto turno. Esto es, que profesionales con experiencia en el campo del Derecho puedan acceder a una plaza pública sin pasar unas oposiciones. El número de jueces que accedan por esta vía aumentará por ley, alcanzando uno de cada cuatro y, como novedad, se introducirá también en la Fiscalía para aquellos abogados 'con reconocido prestigio que lleven más de 10 años'. También se favorece la promoción de los jueces de lo mercantil y de violencia de género. Dos especialidades donde la progresista, pero minoritaria en otras especialidades, Jueces y Juezas para la Democracia tiene más afines. La reforma de Bolaños busca quitar poder a las asociaciones que, como las conservadoras APM y Francisco de Vitoria, son mayoritarias en el sector. Así, por ejemplo, se aumenta el número de miembros en la Comisión de Ética que pasa de 7 a 9 y estos cuatro nuevos puestos serán catedráticos escogidos por el Congreso, donde los socios del Gobierno tienen mayoría. Este organismo, hasta ahora independiente, busca orienta sobre la interpretación de los principios del derecho. A las asociaciones judiciales también se les prohíbe acceder a financiación privada. Bolaños lo ha enmarcado porque hay 'empresas y compañías que pueden acabar incursos en procesos judiciales'. No ha querido especificar más pero el Gobierno lleva un tiempo chocando con algunas de estas asociaciones. Además de la orientación de las dos asociaciones mayoritarias de jueces, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales está personada como acusación popular contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por posible 'revelación de secretos'. Bolaños ha defendido la actualización de esta ley orgánica para 'adecuarlo al siglo XXI' y que también incluirá cambiar los modelos de oposiciones para los candidatos a magistrados. Además de una de tipo test y otra oral se incluirá una escrita para 'garantizar habilidades en la redacción y en conceptos jurídicos'. Esta nueva prueba también se hará primero a los jueces del cuarto turno. Tras ella, se empezarán a analizar los Curriculum de los candidatos. También se elimina la incompatibilidad para el ejercicio de otras profesiones durante el tiempo que jueces sustitutos no son llamados para el ejercicio del cargo. El anteproyecto de ley, tras pasar por los órganos consultivos, será remitido al Congreso donde los partidos de la coalición, PSOE y Sumar, podrían hacer más cambios de la mano de sus socios. 'Todas las mejoras que se puedan hacer', ha admitido Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros desde la Moncloa.