CCOO y UGT, como organizaciones sindicales más representativas tanto a nivel estatal como en los territorios más directamente afectados —Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia— y con fuerte implantación en el sector bancario, alertan de los riesgos económicos, sociales y laborales que esta operación implicaría. Tanto el escrito que ambos sindicatos han dirigido al Ministro, como en el análisis elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que los sindicatos han acompañado a su petición, confirman lo que ambas organizaciones vienen denunciando: la operación no se justifica por razones de eficiencia ni competitividad, y por el contrario supondría un grave perjuicio para el conjunto de la sociedad. Una fusión lesiva para el empleo, el crédito y la cohesión social Las experiencias recientes en España, así como la literatura económica internacional, muestran que las fusiones bancarias provocan sistemáticamente: •    Pérdida masiva de empleo: en este caso, entre 7.684 y 10.567 empleos directos podrían desaparecer, afectando especialmente a personas mayores de 50 años.•    Cierre de oficinas y exclusión financiera: se prevé el cierre de entre 589 y 883 sucursales, afectando de manera directa a la España vaciada, a personas mayores y a colectivos vulnerables.•    Reducción de la oferta de crédito: con especial impacto en pymes y autónomos, se prevé una contracción del crédito y un endurecimiento de sus condiciones.•    Pérdida de competencia: la entidad resultante, junto a Santander y CaixaBank, concentraría más del 70% de los activos bancarios del país, acentuando el riesgo sistémico (“too big to fail”) y debilitando la salud del sistema financiero. Una operación ajena al interés general Desde una perspectiva territorial, esta operación socavaría la cohesión social y económica, debilitando el tejido productivo en comunidades especialmente expuestas. La eliminación de un operador clave como el Banco Sabadell en regiones donde tiene una fuerte implantación (Cataluña, País Valenciano, Asturias o Murcia) representa una amenaza directa a la pluralidad del sistema bancario y a su capacidad para servir a la economía real. Los sindicatos advierten, además, de la irresponsabilidad empresarial que supone destinar miles de millones de euros a mejorar la remuneración del accionariado o a sobrepujar la oferta, en lugar de reforzar el capital y prepararse para los riesgos de un contexto económico internacional incierto. El Gobierno debe actuar para impedir una operación que cuenta con amplio rechazo y perjudica el interés general UGT y CCOO subrayan que esta OPA no cuenta con respaldo social ni institucional. Son múltiples los actores que han expresado su rechazo: partidos políticos de todo signo, gobiernos autonómicos, organizaciones empresariales, asociaciones de pymes y autónomos, y —por supuesto— las principales organizaciones sindicales del país. Por todo ello, trasladamos al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para impedir una operación rechazada por el conjunto de la sociedad, que amenaza con concentrar aún más el poder bancario, debilitar la competencia, destruir empleo, encarecer el crédito y agravar la exclusión financiera. Ni las personas trabajadoras, ni las empresas, ni los territorios necesitan más concentración bancaria. Lo que necesitan es una banca comprometida con la economía productiva, el empleo y el desarrollo equitativo. 

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