Desde el sindicato mostramos nuestra solidaridad y apoyo en estos momentos tan difíciles a los familiares y compañeros y compañeras de las víctimas de este accidente. Agradecemos también la ayuda prestada a los servicios de emergencia que han participado en las tareas de rescate de los trabajadores.  Urgen soluciones para acabar con la intolerable situación de la siniestralidad laboral. No podemos permitir que mueran trabajadores y trabajadoras en sus centros de trabajo. Es insoportable que nadie pierda la vida donde va a ganársela. Es necesario que se cumpla la legislación en materia preventiva, que sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. A este respecto, consideramos imprescindible destinar más recursos a mejorar la prevención y la seguridad en los centros de trabajo, así como acordar y actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como activar un plan de choque contra la siniestralidad e impulsar la figura del delegado sectorial territorial de prevención, para que pueda vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas en las pequeñas y medianas empresas, que es donde se concentran la mayor parte de los accidentes laborales.  Ni una muerte más en el trabajo.  >> Descarga aquí nuestro comunicado de prensa

Así son las vacaciones del sector del calzado en Almansa acordadas para el año 2025: se respetan fiestas de Mayo y mese de verano.

En un contexto de disminución constante del poder adquisitivo de la clase trabajadora turca y aumento de la desigualdad económica, en el que una pequeña élite acumula un porcentaje cada vez mayor de la riqueza nacional, líderes sindicales y políticos están siendo encarcelados bajo acusaciones de corrupción y terrorismo, en lo que muchos ven el uso de tácticas antidemocráticas para reforzar el poder del presidente Erdogan, que se encuentra en cotas mínimas de apoyo popular.Es importante destacar que estas acciones de represión y detención no son casuales. Desde que asumieron el poder, las autoridades pusieron en marcha -y significativamente tras el llamado intento de golpe de estado en 2016 sobre el que existen sospechas de auto-golpe-, un estado de emergencia permanente que ha permitido restringir libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la reunión. Además, se han llevado a cabo purgas de miles de personas en diversas instituciones como la academica, prensa, sindicatos o en la función pública. Se han vulnerado así derechos fundamentales que afectan tanto a los derechos laborales como a la participación democrática, promoviendo la idea de que las y los trabajadores que cuestionan el empeoramiento de las condiciones laborales o los periodistas que critican las medidas gubernamentales son un potencial riesgo al Estado y utilizando todas las herramientas y resortes propios del Estado para acabar con la disidencia o la oposición política.  Por primera vez, las encuestas no dan un resultado favorable al partido de Erdogan, lo que, sin lugar a duda, está animando a intensificar la represión política. Recientemente, Ekrem İmamoğlu, alcalde socialdemócrata de Estambul desde 2019 (y que a pesar de los intentos de anulación de su elección por parte del gobierno nacional revalidó su mandato en marzo de 2024, con más de un millón de votos de ventaja), ha sido víctima del sistema de represión política. Su título universitario, titulación imprescindible para concurrir en las elecciones presidenciales, ha sido invalidado por la Universidad Pública de Estambul. Su hogar allanado y, posteriormente, fue detenido con más de 90 de sus colaboradores. Estambul se ha convertido en uno de los focos de defensa de las libertades y de la democracia que hace décadas regia en Turquía, de manera que esta ciudad y su alcalde representan la mayor amenaza para el autoritarismo erdoganista. Esta situación ha llevado a que Estambul esté bajo una especie de Estado de emergencia, con un fuerte despliegue policial y restricciones a las protestas y declaraciones contrarias al gobierno en redes sociales. Otros alcaldes han sido detenidos en circunstancias similares. Para los sindicatos, y para un creciente porcentaje de la sociedad turca, se ha creado un sistema monstruoso de leyes basado en documentos fraudulentos o distorsionados, que permite que se persiga a cualquiera que se oponga al papel de "ser un servidor voluntario del gobierno". Ni que decir tiene que los avances en los derechos de las mujeres o la laicidad que se implantaron en la creación de la República de Turquía, bajo el impulso de Mustafa Kemal Atatürk, han sufrido retrocesos de décadas. El régimen actual quiere intimidar en cualquier ámbito donde pueda surgir una oposición social frente a la crisis económica, social y política que atraviesa el país. Turquía se encuentra en la categoría número cinco dentro del ranking de Derechos Humanos de la CSI, la penúltima peor clasificación, y que nos indica que los derechos laborales básicos en el país no están garantizados, en este nivel se encuentran países como Irán y Bielorrusia. Un buen ejemplo de cuál es la realidad sindical y laboral en este país.Las organizaciones sindicales y grupos ciudadanos están decididos a luchar por sus derechos y defender la democracia, organizando movilizaciones, especialmente en Estambul, haciendo un llamamiento a no rendirse ante la represión. La creciente unión del conjunto de la ciudadanía turca contra el régimen opresor de Erdogan es para nuestros hermanos de los sindicatos turcos la única forma de salir de esta situación. UGT apoya su lucha a resistir y de unir fuerzas para que triunfen los valores democráticos, y exige la liberación inmediata de los sindicalistas arbitrariamente detenidos y de los alcaldes opositores, y pide al gobierno de España y a la Unión Europea exijan al gobierno turco el cumplimiento de la legislación internacional y el respeto a las normas democráticas y los derechos Humanos. 

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, junto al Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D), ha organizado en la Eurocámara la jornada «Protección social en la encrucijada: El futuro del Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS)», un espacio de reflexión sobre los desafíos y reformas necesarias para fortalecer la protección social en la Unión Europea.Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT y Mari Carmen Barrera, secretaria de políticas europeas de UGT, han participado junto a Gabriele Bischoff, Vicepresidenta de S&D, Idoia Mendia, Eurodiputada de S&D, Estelle Ceulemans, Coordinadora de la DG de Empleo de S&D, y María José Tarrero Martos, Consejera en materia de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER).El vicesecretario general de UGT ha querido destacar que “el PEDS ha impulsado avances en igualdad de oportunidades y condiciones laborales, pero sigue presentando deficiencias en protección social, especialmente para las personas trabajadoras atípicas”. Además, ha recordado que el 40% de la población trabajadora en la UE está en situación de empleo precario, lo que dificulta su acceso a prestaciones básicas, así como la necesidad de reforzar el carácter vinculante del PEDS, garantizar su financiación y revisar la Directiva 79/7/CE para corregir desigualdades en seguridad social.Por su parte, Mari Carmen Barrera, ponente del dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre los desequilibrios en la protección social, ha advertido sobre los riesgos que enfrenta el modelo social europeo si no se adapta a las nuevas formas de empleo, subrayando que la flexibilidad laboral no puede ser sinónimo de precariedad y que todas las personas trabajadoras, incluidos las autónomas económicamente dependientes y los empleados de plataformas digitales, deben contar con una protección social justa. Los panelistas han coincidido en la necesidad de reforzar el diálogo social y la negociación colectiva para garantizar una protección social más equitativa en Europa, destacando que un mercado laboral justo y bien regulado es clave para la cohesión social y la estabilidad del modelo europeo de bienestar. Asimismo, ha quedado patente el compromiso con una protección social sólida que garantice derechos efectivos para todas las personas trabajadoras, evitando que la precariedad debilite los avances logrados.

Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral correspondientes al cuarto trimestre de 2024 publicados hoy por el INE registran un aumento trimestral del PIB del 0,8%, un 3,4% en términos anuales. Este es el quinto trimestre consecutivo en el que el crecimiento del PIB acelera, un signo de fortaleza de la economía española. Tras este dato el conjunto de 2024 cierra con un incremento medio del 3,2%. Entre los datos que se han conocido hoy destacan, por el lado de la demanda, el notable incremento del consumo privado, que ha crecido un 3,9% anual en este trimestre, su mejor dato en el año, y el fuerte crecimiento de la inversión, un 4,5%. Como resultado, la demanda nacional ha aportado 3,6 puntos al crecimiento del PIB, mientras que el sector exterior ha restado dos décimas a dicho crecimiento. Por el lado de la oferta, todos los sectores registran incrementos en su actividad, siendo el sector primario el que lo hace en mayor medida, un 4,2%, seguido de los servicios (3,8%), la industria (2,7%) y la construcción (2,6%). La economía española está atravesando un buen momento, pese a las turbulencias presentes en el ámbito internacional, y así lo recogen los principales indicadores, con un aumento del PIB del 3,4% anual y el empleo creciendo a un ritmo del 2,3%. En buena parte, estos resultados provienen de la acertada política con la que se han afrontado periodos de crisis como la pandemia o la crisis inflacionista. De este modo, gracias a las medidas para moderar el alza de los precios, al apoyo a las personas y familias más vulnerables y al avance en materia salarial, favorecido por el impacto del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el consumo privado de los hogares ha aumentado un 2,8% en el año 2024, siendo uno de los elementos más determinantes en la demanda nacional y aportando 1,5 puntos al aumento del PIB. A este hecho se suma otro elemento clave en el corto y medio plazo para la economía española como es la introducción de los fondos europeos. El Plan de Recuperación está contribuyendo a mejorar una de las principales debilidades de la economía española como es la inversión. Si bien durante sus dos primeros años de ejecución el ritmo era lento, desde 2023 ha ido creciendo paulatinamente hasta alcanzar más de 48.000 millones de euros en convocatorias resueltas y una tasa de resolución del 60,7%. Por ello, es crucial aumentar la inversión productiva, sobre todo enfocada a renovar el modelo de producción español, a reforzar nuestra autonomía estratégica y a impulsar los sectores que mejores condiciones de trabajo tengan y sean más respetuosos con el medioambiente. Generar un crecimiento económico sostenible y sostenido que ponga en el centro a las personas Un aspecto que puede ayudar para lograr que la inversión se incremente a mayor ritmo es la bajada de tipos de interés por parte del BCE, que ya los sitúa en el 2,5%, el valor más bajo desde febrero de 2023. Apuntalar los objetivos europeos desde la política monetaria debe ser una máxima para lograr la tan ansiada cohesión y el desarrollo económico y social europeo en un contexto internacional como el actual. En resumen, el año 2024 ha cerrado con un aumento del PIB inesperado respecto a sus previsiones iniciales, situando a España como la economía que más impulsa el crecimiento en Europa. Por ello, es fundamental continuar con la transición del modelo productivo, generando un crecimiento económico sostenible y sostenido que refuerce la posición española en el ámbito europeo y que permita ampliar la cooperación con otros socios internacionales. Para lograr este objetivo es imprescindible situar en el centro de nuestro modelo de desarrollo a las personas trabajadoras, aumentando el empleo, incrementando sus salarios reales y mejorando sus condiciones de vida. Datos Los datos definitivos de la CNTR registran una tasa de variación anual del PIB del 3,4%, una décima superior a la del tercer trimestre, de manera que se confirma su quinta aceleración consecutiva. Por otro lado, la tasa de crecimiento trimestral se ha situado en el 0,8%, la misma cifra que se registró en el trimestre anterior. En el conjunto del año 2024 el PIB ha crecido un 3,2%. Por el lado de la demanda, el consumo final de los hogares aumenta en un 3,8% anual, el mejor registro de todo 2024, y cierra así con un incremento medio del 2,8%. El consumo ha sido una de las piezas clave del crecimiento del PIB en el año. La inversión también acelera, en esta ocasión un 4,5%, 2,3 puntos más que el trimestre anterior, con lo que aporta 0,9 puntos al crecimiento anual del PIB en este último trimestre. De esta forma, la demanda nacional en su conjunto suma 3,6 puntos al crecimiento, mientras que el sector exterior lo reduce en 2 décimas.  Por parte de la oferta, todos los sectores económicos presentan crecimientos trimestrales, a excepción del sector primario, que decrece un 0,7%. En términos anuales aumentan todos ellos; la agricultura lo hace en mayor medida (4,2%), seguido del sector servicios (3,8%), después la industria (2,7%) y, por último, la construcción (2,6%). Un aspecto muy significativo de la evolución económica española es el desarrollo de su industria manufacturera, que en los últimos 3 trimestres ha estado creciendo en el entorno del 4%. Este es uno de los sectores que requieren de un mejor desempeño para alcanzar una transición justa hacia un modelo productivo más sólido y respetuoso con el medio ambiente, además de cumplir un papel clave en el objetivo de autonomía estratégica que se ha fijado la Unión Europea.  Por último, en lo que se refiere al empleo, las horas efectivamente trabajadas aumentaron un 1,8% trimestral y un 2,8% interanual. Por su parte, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo registran un incremento trimestral del 0,8%, mientras que en términos anuales lo hizo un 2,3%. De esta forma, el empleo cierra el año 2024 habiendo crecido un 2,4% respecto a 2023. Con ello, en este trimestre hay 454.800 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo más respecto al mismo trimestre de 2023., con la particularidad de que, desde la reforma laboral de 2021, el empleo que se crea es de mayor calidad.   

El dictamen, aprobado por el pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE), el 26 de marzo de 2025, ha sido elaborado bajo la ponencia de nuestra compañera María del Carmen Barrera Chamorro, destacada representante del Grupo de Trabajadores y secretaria de Políticas Europeas de la Comisión Ejecutiva Confederal (CEC) de UGT. Este nuevo dictamen subraya el papel fundamental que desempeñan los interlocutores sociales en la transformación del mundo del trabajo en un contexto marcado por la digitalización, la innovación y el cambio climático. UGT, a través de su activa presencia en el CESE, ha contribuido de forma decisiva a que el debate europeo sobre la reducción del tiempo de trabajo se aborde desde una perspectiva de justicia social, salud laboral y eficiencia productiva. Un impulso europeo a la jornada laboral más corta El dictamen recoge de forma clara que “trabajar menos horas por período de referencia con los mismos niveles salariales” puede mejorar tanto la productividad empresarial como el bienestar físico y mental de las personas trabajadoras. La evidencia recogida en el informe demuestra que una jornada laboral más corta: Favorece la productividad, al existir una correlación inversa entre las horas trabajadas y el rendimiento económico Mejora la salud mental y reduce el estrés, tal como muestran los datos de proyectos piloto en diversos países europeos Contribuye al equilibrio entre la vida laboral y personal, a la atracción de talento y a la innovación en las empresas Ayuda a prevenir riesgos laborales graves, como las enfermedades cardiovasculares y el agotamiento extremo El CESE aboga expresamente por impulsar marcos normativos en los Estados miembros que estimulen la reducción del tiempo de trabajo, más allá de los acuerdos voluntarios. Es decir, la acción institucional es necesaria para extender este derecho laboral y de salud al conjunto de la población trabajadora. En este sentido, el dictamen supone un claro estímulo y un espaldarazo al proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pactado por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales. Esta ley es esencial para garantizar estándares comunes de igualdad en las condiciones laborales de todas las personas trabajadoras, en todas las empresas y en todos los sectores. Solo a través de una regulación vinculante se puede evitar una transición fragmentada, desigual y excluyente. Porque menos jornada es también más productividad, como reconoce el CESE. Los datos son contundentes: los países más productivos, como Países Bajos —con la jornada media más baja de la Unión Europea —32,2 horas semanales—, trabajan menos horas que en aquellos países con menor productividad, como Grecia (39,8 h), que presenta las jornadas laborales más extensas. Esta correlación se refleja también en los estudios de Eurofound y en los pilotos desplegados en toda Europa. Europa ya experimenta con éxito jornadas más cortas El dictamen documenta experiencias inspiradoras que confirman que reducir la jornada es viable y beneficiosa: En Alemania, el 73% de las empresas piloto han adoptado el modelo 100-80-100 (100% salario, 80% horas, 100% productividad) En Islandia, más del 86% de la población trabajadora tiene acceso a la semana de 4 días con resultados positivos en productividad y bienestar En Portugal, se han registrado mejoras significativas en la salud mental y un descenso del agotamiento del 19% En Francia, Irlanda, Dinamarca, Reino Unido y Suecia, los pilotos han evidenciado mejoras tanto en la satisfacción laboral como en la eficiencia operativa Estas experiencias, además de estar alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, refuerzan la legitimidad de avanzar en legislaciones nacionales que consoliden estos avances para todas y todos. UGT: compromiso con el progreso social y laboral Para UGT, este respaldo del CESE es un reconocimiento a años de trabajo en favor de una distribución más equitativa del tiempo, de la riqueza y de la vida. La jornada laboral reducida, sin merma salarial, es una propuesta viable, avalada por estudios y experiencias internacionales, que contribuirá a una economía más saludable, igualitaria y eficiente. UGT seguirá impulsando en todos los foros institucionales, sociales y sindicales esta propuesta como un elemento clave para avanzar hacia una sociedad más justa, productiva y cohesionada.   >> Descárgate aquí el Dictamen SOC/819 sobre "Tiempo de trabajo, eficiencia de la economía y bienestar de los trabajadores" en español >> Descárgate aquí el Dictamen SOC/819 sobre "Tiempo de trabajo, eficiencia de la economía y bienestar de los trabajadores" en inglés