El partido de la oposición califica de "rancio y trasnochado" el uso de estos animales en la cabalgata de este viernes por Chamberí “Os invito al gran acto de inicio de la Navidad, el día 19 de diciembre, donde los elfos y duendes acompañarán a Papá Noel, recién llegado de Laponia, con una entrada mágica en la Plaza de Olavide”, anunciaba hace unos días el concejal de Chamberí en su nutrido programa de fiestas navideñas. El programa recogía una Bienvenida a la Navidad en la que prometía “muchas sorpresas” y una de ellas ha sido la utilización de cuatro renos tirando del trineo por las calles de este céntrico distrito de Madrid. Los animales, conducidos por elfos, formaban parte de la cabalgata que salía de la calle Eduardo Dato y finalizaba en la plaza de Olavide, un recorrido al que han acudido numerosos niños, atraídos por la convocatoria del Ayuntamiento de Madrid. La utilización de animales de otras latitudes en un evento navideño ha sido criticado por Más Madrid, que ha calificado de “rancio y trasnochado” su empleo en un acto lúdico. Su concejala en el distrito, Sara Ladra, Ladra ha destacado que estas prácticas, aunque puedan parecer “festivas e inocentes”, someten a los animales a situaciones de “sufrimiento y estrés innecesario”, vulnerando así “su bienestar”. Más Madrid ha denunciado que “los renos son animales salvajes, adaptados a climas fríos y entornos naturales específicos, trasladarlos a zonas urbanas, exponerlos a multitudes, ruidos intensos, luces artificiales, cascabeles y temperaturas inadecuadas, representa un maltrato encubierto bajo el disfraz de la tradición y el entretenimiento”. “Desde Más Madrid, denunciamos y expresamos nuestra más firme oposición al uso de renos en estas cabalgatas navideñas por parte del Ayuntamiento de Almeida, rancio y trasnochado”, ha añadido Sara Ladra en declaraciones a los medios. El partido de la oposición asegura que la presencia de estos animales se debe a un contrato con la empresa Evencan, que protagonizó otra polémica similar esta semana en El Escorial, con estos mismos animales. Sara Ladra asegura que allí se pudo comprobar que los mamíferos utilizados sufren “problemas de salud”, pese a lo que “la empresa se está embolsando 15.000 euros por espectáculo”, lo que consideran “un modelo de negocio despreciable e inaceptable”. “El Ayuntamiento de Madrid debería ser ejemplar en el cuidado del bienestar animal, desde Más Madrid exigimos a Almeida dejar de utilizar animales en todos los espectáculos que organiza, sobre todo si van dirigidos a la infancia”, añaden desde la formación de izquierdas. Suscríbete a las informaciones más cercanas Recibe las noticias más importantes de Madrid con un boletín escrito para ti, todos los viernes en tu correo. Apúntate aquí y recíbelas junto a los mejores planes para el fin de semana. También puedes seguirnos desde tu red social preferida, en Facebook, Bluesky o Instagram ---

En el número 37 de la calle Gaztambide, los inquilinos temen perder el piso después de que los herederos del bloque decidieran venderlo a través de una sociedad inmobiliaria 'family office'. Este año llamaron a su puerta con dos opciones: o 10.000 euros para irse, o 200 por visita a potenciales interesados Imputan por acoso inmobiliario en un bloque de Lavapiés a varios altos cargos de un fondo buitre “Creo que no esperaba que lo invitara a pasar, pero yo tenía que saber de qué iba este asunto”. Quien habla es Irene, vecina en un piso de Chamberí en el que vive de alquiler con su pareja. Hace ya casi un año, en enero, recibieron una visita inesperada: la de un agente contratado para negociar con ellos su estancia en el edificio. “Llamó al telefonillo, dijo que habían comprado el bloque y que si éramos los inquilinos, querían hablar con nosotros”, rememora al otro lado del teléfono. Cuenta que aquel hombre, de “buenos modales”, se prestó a dejar un número de teléfono si preferían hablar en otra ocasión. Pero la noticia les asustó tanto que le hicieron subir. Les ofreció 10.000 euros en “compensación” por “permitir la venta” del inmueble, en la calle Gaztambide número 37. Su contrato no acababa hasta 2028, y la dinámica se repitió puerta por puerta. Si insistían en quedarse, les darían “unos 200 euros por visita” para que pudieran traer a compradores interesados. “Es acoso inmobiliario”, asegura, airada por la situación después de “meses en tensión”. La explicación que le dieron fue que el edificio era propiedad de dos mujeres solteras cuyas posesiones, al fallecer, acabaron en manos de sus sobrinos. Según Irene, ahora son ellos quienes deciden sobre el inmueble y lo coordinan a través de una sociedad privada family office, un tipo de estructura empresarial que gestiona o administra el patrimonio y los inmuebles familiares. En otras palabras, una especie de agencia inmobiliaria para comprar, vender o reformar herencias. “Nos hacen la vida imposible porque lo que quieren es acorralarnos”. Ángel, la pareja de Irene, cuenta que una vez se encontraron en el portal a dos personas, un hombre y otra mujer –aseguran que se presentó como abogada– que inspeccionaban la entrada del edificio. Irene, en el portal del edificio en el que vive desde 2023 “Nos dijeron que iban a hacer obras en las instalaciones y que tuviésemos en cuenta las molestias que eso iba a implicar en nuestro día a día”, expresa el inquilino, sugiriendo en ello una “táctica” para apremiarles a aceptar los 10.000 euros por abandonar el apartamento. Unos meses después de que el primer agente inmobiliario llegara a su casa, fueron a hablar con el administrador de fincas. “Como nos dijo que la compra aún no era efectiva y ni siquiera había nada firmado, nos relajamos”. Pero después de eso decidieron poner a su nombre la factura de los suministros a la espera de que el edificio se vendiera en junio, tal y como tenían previsto. Después de consultarlo con abogados que creen que existen resquicios legales por los que podrían prorrogar su contrato actual hasta, al menos, 2030; pero todo ahora mismo pende un hilo. Irene y Ángel se han agrupado con otros vecinos del bloque para sopesar oportunidades y presionar a la propiedad. El número 37 de la calle Gaztambide, en Chamberí “Pasamos todo el verano pendientes, hablando con unos y con otros, preguntando a los de enfrente porque llevan más años que nosotros... y eso nos desanimó”, relata ella. Al parecer, lo que les contaron fue que el rumor llevaba tiempo asomando y ya habían vivido alguna situación parecida, pero decidieron no hacer nada hasta que se acercara el momento de vender. Por vivir en su piso, Irene paga 1.100 euros al mes a medias con su chico sin contar gastos como luz, wi-fi, gas o agua. Son unos 80 metros cuadrados con tres habitaciones, dos de ellas más pequeñas y la tercera sin ventana. “Con los 10.000 euros que quieren pagarnos apenas nos llega para seis meses de alquiler, y encontrar algo de cero supone meterte otra vez en comisiones, fianzas e inmobiliarias”, insiste. Su denuncia la recogieron desde la oposición política de Más Madrid. La portavoz municipal del distrito, Sara Ladra, también habla de “mobbing inmobiliario” para referirse a este tipo de práticas. En declaraciones a este periódico, la concejala de Chamberí, recuerda otros casos parecidos –algunos muy recientes“ como los que ocupan a vecinos de Tribulete, San Ifelfonso o General Lacy. “En Chamberí, como en tantos otros barrios de Madrid, las operaciones de acoso inmobiliario funcionan con total impunidad porque el sistema municipal lo permite, gracias a un mecanismo perverso: las licencias y declaraciones responsables para actuar en edificios residenciales están externalizadas a las Entidades Colaboradoras Urbanísticas”. La edil lo asemeja a “dar las llaves de la ciudad al que te quiere robar”. Cree que, de esta forma, la autorización y tramitación de reformas “agresivas” que “expulsan a los vecinos” se deja en manos de “empresas privadas con intereses económicos directos”, que autorizan y tramitan las reformas agresivas que expulsan a los vecinos“. Para solucionarlo, cree que el primer paso ha de ser obligar a que las actuaciones en edificios residenciales, incluso si se trata de una herencia particular de por medio, sean tramitadas “exclusivamente por técnicos municipales y no por empresas privadas”. Más Madrid también ha recurrido el Plan Reside, una norma también muy criticada desde el PSOE. El plan se aprobó definitivamente en septiembre, cuando la Comunidad de Madrid avaló el texto al que el Ayuntamiento dio luz verde en primavera. Hace un mes, el partido de Rita Maestre presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) alegando que la propuesta de reunir todas las viviendas turísticas en edificios exclusivos para poder obtener licencia de actividad “va a expulsar a los vecinos de sus casas”. Es lo que temen Irene y Ángel después de ver cómo tratan de vaciar los pisos en bloque, aunque de momento desconocen a qué fin se destinará el edificio una vez termine este periplo. La pareja intuye que en el próximo mes habrá nuevas noticias sobre la venta, por lo que vaticinan unas navidades agridulces: “Es violento que alguien se presente en tu puerta por sorpresa, pero más aún si lo que quiere es echarte”. Apoya el trabajo periodístico de Somos Madrid Esta información ha podido salir a la luz gracias a las personas que apoyan la edición local de Madrid en elDiario.es. Si tú también quieres y puedes hacerlo, hazte socia, hazte socio y contribuye a sostener nuestro trabajo diario y a publicar exclusivas que cambien las cosas. Si ya tienes una suscripción, puedes hacer una aportación extra a la sección local de Madrid para apoyar las informaciones de proximidad, sobre lo que importa en el día a día de los habitantes de esta ciudad: para hacerlo, entra en el apartado de 'tu cuota' en tu perfil privado. Tu ayuda al periodismo local es importante. ---

FACUA Córdoba considera ridícula la cuantía de la sanción impuesta teniendo en cuenta que se puso en riesgo la salud de decenas de personas.