El magistrado admite a trámite las acusaciones de la asociación en la que señalan al expresidente de España como supuesto miembro de una "estructura criminal"

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Desde el comité de empresa de este servicio público de emergencia social denuncian sobrecargas de trabajo y hablan de un deterioro progresivo en la asistencia, que atribuyen a la gestión de empresas adjudicatarias. Piden al Ayuntamiento que les absorba por completo y mejore las condiciones o recursos Tres familias con menores duermen a la intemperie a las puertas del Samur Social de Madrid y sin ayuda del Ayuntamiento Hace solo seis meses, el delegado municipal de Políticas Sociales se enorgulleció del “acierto” que fue crear un instrumento público para emergencias como Samur Social. José Fernández lo hizo en un acto público por el XXI aniversario del servicio. “Es la joya de la corona del Ayuntamiento de Madrid”, declaró entonces. Ocurrió en verano, pero ahora su comité de empresa denuncia una “precarización” del trabajo y vierte numerosas críticas al modelo privatizado de Samur Social, que depende del consistorio pero está gestionado por la empresa Grupo 5, a diferencia de otros cuerpos de emergencias como Bomberos o Policía Municipal que se coordinan directamente desde Cibeles. “La emergencia social no puede continuar gestionándose como un negocio privado”, sentenciaron los representantes de la plantilla en un comunicado difundido esta semana, después de reunirse con la compañía adjudicataria para discutir un nuevo convenio que consideran una merma en sus derechos y la eficiencia ante situaciones de alerta social. “Ante una emergencia social de gran magnitud como las vividas recientemente en otros territorios del Estado, podríamos no estar en condiciones de asumir una respuesta adecuada precisamente por esa falta de medios, estabilidad y estructura propias de un servicio de emergencias plenamente reconocido”, han destacado en el escrito, deslizándose la cercanía en el tiempo de catástrofes como la dana en Valencia o episodios de temperaturas extremas. El delegado sindical de Comisiones de Base (co.bas) presente en el comité de empresa, Abel Manzanero, asegura llevar al menos dos años advirtiendo al Ayuntamiento de la privatización del servicio, primero a través de Clece. La empresa de ACS tenía la licitación antes de que Grupo 5 fuera el único en presentarse en la siguiente convocatoria, que fue adjudicada hace unos meses y ha entrado en vigor este 1 de diciembre. En las negociaciones con la compañía para el futuro convenio están presentes solo CCOO y UGT, pero sostienen que el consistorio “siempre ha preferido mantenerse al margen” incluso cuando “se le ha invitado directamente a una negociación a tres”, con la empresa y los representantes de los trabajadores. No obstante, desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad niegan haber recibido alguna comunicación por su parte y subrayan que el contrato actual sube su presupuesto en casi un 20%, con 19,4 millones de euros para un periodo de dos años. “Samur Social nació con un modelo de gestión mixta donde el personal funcionario dirige y supervisa el servicio, mientras que la atención se presta a través de gestión indirecta. En sus 21 años de trayectoria todos los gobiernos municipales, de distinto signo político incluso, han mantenido este sistema porque se ha comprobado que funciona de forma satisfactoria”, sostienen desde el departamento de José Fernández en declaraciones a Somos Madrid, a lo que añaden que este acuerdo “recoge mejoras salariales para los trabajadores”, refiriéndose a una actualización del Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social en 2024 para aplicar una subida adicional en las retribuciones del 3,5 %. Avanzar hacia la municipalización total del servicio Esto, a su juicio, interfiere directamente en situaciones del día a día, entre las que enumeran largos tiempos e respuesta en llamadas al 112, un catálogo de recursos limitado para el progresivo aumento de la demanda entre colectivos vulnerables, e incluso una campaña de frío poco accesible que “agotó plazas el primer día y dejó fuera a otras 200 personas esperando en el Samur Social”, tal y como detalla otro trabajador auxiliar que ha preferido mantener su nombre en el anonimato. Entre las previsiones del Ayuntamiento está ampliar las plazas de alojamiento y atención social para personas sin hogar hasta alcanzar las 1.400 y también quieren poner en marcha para 2026 un nuevo centro de acogida para la atención temprana e inmediata. Sin embargo, el comité de empresa de Samur Social mantiene que el servicio en su conjunto carece de estructura propia y “coordinación efectiva” con otros cuerpos municipales a los que normalmente apoyan en sus actuaciones. Otro problema que advierten gira en torno a la figura del auxiliar, que ven desdibujada al “asumir tareas que no corresponden” o, como denunciaron en su comunicado, terminan “diluyendo” su función real bajo “reorganizaciones que no responden a criterios técnicos, sino a reducciones de costes”. “En el nuevo pliego meten una figura que antes no estaba, la del psicólogo, y han contratado a 13 profesionales pero reducido jornada a los auxiliares porque, al parecer, les sobraban 22”, compara el delegado sindical, que ve en esta práctica una “forma de despido encubierta” que hace que muchos trabajadores “pasen de cobrar más de mil euros a no llegar a los 600 mensuales”. Por lo general, el salario base en Samur Social ronda entre los 1.400 euros para psicólogos o trabajadores sociales y 1.150 al mes para auxiliares, en ambos casos para la jornada completa. Su principal demanda es la municipalización total del servicio, de forma que el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad “asuma su responsabilidad como garante último”. “Es más caro que tenernos externalizados, pero creemos que si presumes de un instrumento de atención social debes asegurar una dignidad mínima para que pueda ofrecerse”, concluye Abel Manzanero, que continuará a la espera de noticias desde Cibeles. “Si los profesionales consideran que es necesaria una actualización de las tablas salariales de este convenio colectivo, deberán negociarlo con el Gobierno de España, que es la administración competente”, sentencian, del otro lado, dentro del equipo municipal. Suscríbete al boletín de noticias de Madrid