El proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo busca sancionar en las sesiones extraordinarias sufrió modificaciones relevantes luego de las negociaciones con gobernadores, la CGT y las cámaras empresarias. Patricia Bullrich comunicó la aceptación de 28 cambios al texto original, antes de que la iniciativa sea tratada en el Senado este miércoles. NEGOCIACIÓN CON LOS GOBERNADORES Desde la presentación en diciembre, las provincias alertaron sobre el impacto fiscal del proyecto: el capítulo impositivo proyectaba una pérdida de 1,9 billones de pesos en fondos coparticipables. Como respuesta a esas objeciones, el Gobierno eliminó el artículo que proponía reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 30% al 27%. Ese punto encontró fuerte rechazo entre los mandatarios provinciales, incluso los dialoguistas, por lo que su retirada refleja la falta de votos necesarios para la aprobación y la presión política de las provincias preocupadas por sus arcas. NEGOCIACIÓN CON LA CGT La central obrera obtuvo concesiones que preservan elementos de la denominada caja sindical. En primer lugar, se acordó mantener por dos años el aporte solidario a los gremios, aunque con un tope del 2%, cuando actualmente hay organizaciones que cobran hasta 4%. No prosperó la reducción de las cargas patronales destinadas a las obras sociales: se mantendrán en 6% en lugar del 5% que proponía el texto original, en respuesta a las advertencias sobre el impacto negativo en un sistema ya desfinanciado. Asimismo, las empresas seguirán actuando como agentes de retención de las cuotas de afiliación sindicales. La derogación de estatutos y regímenes especiales fue postergada: entrará en vigencia a los 180 días de la sanción de la ley. Sin embargo, la CGT no logró que se eliminen del proyecto dos puntos sensibles para la central: la limitación del derecho de huelga en servicios esenciales y la obligación de pedir autorización a la patronal para hacer asambleas en lugares de trabajo. Ambos artículos permanecen en el texto. NEGOCIACIÓN CON LAS CÁMARAS EMPRESARIAS Con los representantes empresariales se mantuvo la obligatoriedad de un aporte a las cámaras, con un tope del 0,5%. También se ratificó la exigencia de bancarización para el pago de salarios, descartando el uso de billeteras virtuales como alternativa generalizada para abonar sueldos. Se crea además un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para hacer frente a indemnizaciones por despidos sin causa: del aporte total, 2,5% corresponderá a las pymes y 1% a las grandes empresas. En materia procesal laboral, los juicios quedarán limitados a computar como base los salarios del trabajador, excluyendo aguinaldos y vacaciones, y se prevé la posibilidad de pago en cuotas: hasta 6 cuotas para grandes empresas y hasta 12 para pymes. Finalmente, el proyecto amplía la nómina de servicios considerados esenciales y trascendentales, lo que implica mayores restricciones a la huelga en sectores incluidos en esas definiciones.