Estos días me ha escrito un padre desesperado. No buscaba hacer ruido ni protagonismo. Me escribió porque ya no sabe qué hacer. Su hijo lleva ocho meses en lista de espera para ser operado de un tumor en la cabeza. Ocho meses mirando el teléfono, esperando una llamada que no llega, intentando sostener la calma mientras la angustia crece cada día un poco más. Cuando un padre llega a ese punto, no hablamos de un fallo puntual: hablamos de un sistema que ha dejado de proteger. El tumor es benigno, sí. Pero está situado en una zona especialmente delicada. Y eso no tranquiliza, al contrario. Porque el tiempo pasa, la operación no llega y el miedo se instala en casa. No hay fecha. No hay explicaciones claras. Solo silencio, burocracia y una sensación de abandono que va minando a toda la familia. Esta es la Andalucía real. La que no aparece en los discursos triunfalistas de Moreno Bonilla. Conviene explicar bien la dimensión del calvario que vive esta familia. Primero tuvieron que esperar durante meses para conseguir una cita calificada como preferente. Meses de llamadas, de reclamaciones, de incertidumbre. Cuando por fin lograron esa cita, lejos de acabar la pesadilla, comenzó la segunda fase: la espera para la intervención quirúrgica, que ya se prolonga desde hace ocho meses. Preferente sobre el papel. Desesperante en la vida real. El caso se conoció públicamente en marzo de 2025, cuando varios medios recogieron la denuncia de una familia de Marbella. Su hijo, de 21 años, tenía un bulto en la cabeza y llevaba cinco meses esperando una cita preferente con Neurocirugía en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Había sido derivado en octubre de 2024 y, pese a tratarse de un caso prioritario, no había recibido ni una llamada ni una fecha de consulta. La familia, de una barriada humilde de Marbella, había seguido todos los pasos. Atención primaria, Hospital Costa del Sol y, desde allí, derivación al Hospital Regional de Málaga con carácter preferente. Presentaron reclamaciones ante el Servicio Andaluz de Salud. Dos veces. La respuesta fue siempre la misma: colapso. Lo sentían mucho, pero estaban colapsados. Hoy la situación es aún más grave. Porque tras aquella espera inicial para conseguir la cita, el joven sigue aguardando la operación, mientras el tumor continúa ahí y la preocupación crece día tras día. No puede trabajar. No puede hacer deporte. No puede hacer una vida normal. Y sus padres viven atrapados en una angustia permanente. Han llegado incluso a plantearse acudir a la sanidad privada. No porque quieran, sino porque sienten que no les dejan otra alternativa. "Sería mucho dinero, pero ya se buscaría", decía el padre. Y añadía una frase que resume todo el drama: "Pero es que tenemos la sanidad pública para algo". Y aquí está el núcleo del problema. Porque este no es un caso aislado. Es el rostro humano de un fracaso político. Andalucía encabeza hoy las listas de espera sanitarias más altas de toda España. No por casualidad. No...

Text SIGN PHUCNM to 50409 — The United States was not founded as a monarchy. The president is not a king, and the executive branch is not meant to operate beyond scrutiny. Our constitutional system depends on an active, engaged Congress that upholds its role as a co-equal branch of government. Oversight is not optional. It is not a courtesy extended by the executive branch, nor a partisan tactic to be deployed only when politically convenient. It is a core constitutional duty. When Congress fails to exercise oversight—when it tolerates missed deadlines, ignored subpoenas, or open defiance of the law—it does not merely weaken accountability. It weakens itself. The framers designed Congress to be a check on executive power precisely because unchecked authority inevitably leads to abuse. A president who faces no consequences for ignoring statutes, stonewalling investigations, or defying lawful demands is not constrained by law, but by personal whim. That is not republican government. It is rule by decree. Recent events have raised serious concerns about whether Congress is allowing this erosion of balance to continue unchecked. Laws have been passed. Deadlines have been established. Oversight authority has been clearly granted. Yet compliance has been partial, delayed, or nonexistent—without meaningful enforcement. A law without enforcement is not law at all; it is a suggestion. This responsibility begins with congressional leadership. As Speaker of the House, Mike Johnson holds significant authority over whether oversight is exercised or suppressed. Repeated assertions by the Speaker that he is unaware of, or disengaged from, major controversies do not absolve Congress of its constitutional role. When leadership declines to act, Congress as an institution is rendered powerless—not by law, but by choice. Congress possesses powerful tools to defend its institutional authority: hearings, subpoenas, inherent contempt, appropriations leverage, and the enforcement of war powers. These tools exist for moments precisely like this. Choosing not to use them is not neutrality—it is acquiescence. This is not a question of party. It is a question of whether Congress intends to remain a co-equal branch of government or accept a diminished role as a spectator to executive overreach. What is tolerated now will be cited as precedent later, regardless of who occupies the White House. History will not judge Congress by the strength of its statements, but by whether it acted when the balance of power was tested. The American people do not expect perfection. They do expect Congress to do its job. Reassert your authority. Enforce the law. Uphold the Constitution you swore to defend.