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El ministro de Defensa también dijo que la baja de oficiales retirados condenados por crímenes de lesa humanidad no fue una decisión polítifca de su parte sino el acatamiento de una obligación judicial. El ministro de Defensa, Luis Petri, salió a desligarse de la baja de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas que fueron condenados por delitos de lesa humanidad y aseguró que la medida no responde a una “decisión política” sino al “cumplimiento de sentencias firmes”. En el mismo posteo de su cuenta de X (Twitter) dijo que impulsa **el cierre de la Comisi ón Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi)**, un organismo estatal creado hace 33 años considerado clave en el trabajo de resitutución de la identidad de personas secuestradas durante la dictadura. “La historia completa es uno de los pilares de nuestra gestión. Homenajeamos e indemnizamos a nuestros soldados en Formosa y los reivindicamos en Azul y en Villa María. Desmantelamos los ”grupos de trabajo“ parajudiciales que servían para perseguir a las Fuerzas. Impulsamos, junto al Ministerio de Justicia, el cierre de la Conadi”, tuiteó el funcionario de Javier Milei. Sobre la baja de oficiales retirados, Petri buscó quitarse responsabilidad, después de que en algunos sectores cercanos a la visión negacionista del gobierno libertario cayera mal la medida, y señaló: “No es una decisión política sino el cumplimiento de sentencias firmes en procesos que han agotado todas sus instancias de revisión y apelación. Son bajas ordenadas por la Justicia”, remarcó. “Con el liderazgo del presidente Milei, asumimos el desafío de reconstruir la Argentina desde sus cimientos, revalorizando el rol de nuestras Fuerzas Armadas. Muchos de los que hoy critican esta medida se rasgan las vestiduras hablando de división de poderes y República. Podemos estar o no de acuerdo con las decisiones judiciales, pero cumplir con la ley no es una opción: es una obligación”, dijo el ministro de Defensa. El posible cierre de la Conadi viene siendo alertado por organizaciones políticas, civiles y de derechos humanos, que advierten que podría **dificultar la restituci ón de identidad de cientos de personas secuestradas durante la dictadura y que **implica borrar el pasado y favorecer la impunidad. La **Conadi** es un organismo estatal creado en **1992** con el objetivo de **colaborar en la b úsqueda e identificación de personas apropiadas durante la última dictadura militar (1976-1983)**. Funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que actualmente conduce Mariano Cúneo Libarona. El organismo fue importante en la identificación de personas que fueron apropiadas y criadas con una identidad falsa, muchas de ellas en familias vinculadas con las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha, **139 nietos han recuperado su identidad** gracias a investigaciones que incluyen análisis genéticos, documentación y testimonios. Respecto de la baja de represores de las filas del Ejército, medida dispuesta el miércoles por Petri, se trata de**cuatro generales y 19 coroneles, todos retirados, que hab ían recibido condenas firmes de la Justicia por delitos de lesa humanidad en una decisión que generó malestar en algunos sectores**. La medida fue dispuesta mediante la resolución 72/2025, a instancias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Entre los militares comprendidos en la resolución se encuentran el general de división Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua por su participación en el centro clandestino Automotores Orletti, y los generales de brigada Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá y Federico Antonio Minicucci. Entre los fundamentos de la resolución firmada por Petri este lunes se señala que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó el 30 de octubre del año pasado, mediante un oficio, “disponer la baja del personal de oficiales jefe y oficiales subalternos que han recibido sentencia judicial firme por causas de lesa humanidad”, de acuerdo con lo prescripto en la Constitución Nacional. Se cita, además, el decreto 721/2016, que delega en el ministro de Defensa la disposición de los “retiros y bajas obligatorias de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas”. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas le recordó al ministro de Defensa que “l**a obligaci ón de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino**, conforme al derecho Internacional”. Sin embargo, trascendió que la medida no cayó bien en algunos sectores del Ejército. A los cuatro generales dados de baja se suman los coroneles retirados Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozaran, Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo. _JJD_

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