El cambio de la jurisprudencia del TC sobre sanciones administrativas es notable. Hace unos años se cuestionaba su sola existencia; hoy es escenario de debates sofisticados.
La prevención, que cuestiona las premisas del control de constitucionalidad, es especialmente interesante.

Un caso de responsabilidad por acto administrativo doblemente peculiar:
(i) La falta de servicio se basa en una sentencia de protección, sobre vulneración de la libertad económica, y
(ii) Se indemnizan las ganancias que pudo haber obtenido de haberse aprobado con anterioridad.

Un caso MUY importante, más allá de la condena a Chile. La Corte IDH marca una diferencia entre violaciones de DDHH como la desaparición forzada o la tortura (per se imprescriptibles) y otras violaciones de orden patrimonial, donde la prescripción parece tener un espacio.

¡Hasta que apareció un voto en contra en la jurisprudencia de medicamentos de alto costo! La disidencia de Matus marca un límite: si no se comprueba un riesgo vital solo enfrentable con el medicamento exigido, los tribunales no pueden intervenir.

¿Un punto de inflexión?

Una sentencia que puede servir de ejemplo para analizar las tareas de los organismos administrativos fiscalizadores. ¿Cuáles son sus deberes? ¿qué pasa cuando sus tareas se dificultan? El fallo es muy contundente al respecto.

Un caso delicado pero interesante para poner a prueba el control de la calificación de los hechos en los actos administrativos. Al analizar el expediente, la Corte llega a una conclusión opuesta a la del ente administrativo: la conducta no es constitutiva de infracción.

Una sentencia que reitera criterios razonables en materia sancionatoria: los tiempos ocupados en los recursos no se contabilizan en el plazo de caducidad para ejercer reclamos judiciales.

Gracias, Flavio!!