El decreto no es contra los apagones, es a favor del oligopolio energético. Hasta hay gente de Sumar que ha votado en contra porque es sumisión con los poderosos que destruyen nuestra tierra.

Ocho años de tortura institucional. Ocho años de violencia silenciada. Lo que le están haciendo a Juana Rivas y a sus hijos no es un error del sistema: es el reflejo de un estado patriarcal que castiga y alecciona a las madres y familias que protegen.
¿Puede haber una justicia más injusta?