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Los funcionarios públicos y las máximas autoridades son responsables. Se encuentra en juego el contrapeso de poderes republicanos, la no criminalización de la protesta, y la construcción de comunidades democráticas donde cuestionar el poder sea siempre una posibilidad.

Luego de la represión escaló el conflicto a través de declaraciones públicas de funcionarios nacionales: Mariano Cúneo Libarona criticó la resolución y amenazó con elevar ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad su actuación por posible incumplimiento de sus funciones.

Ninguna de las personas detenidas estaba detenida por portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos. De este modo no pueden tratarse casos de flagrancia, si no ya derechos fundamentales como el derecho a peticionar, a manifestarse y a protestar.

La jueza Karina Andrade ordenó la libertad inmediata de los 114 detenidos. Su fallo defiende el derecho a la protesta y se encuentra enmarcado en las normas constitucionales y procesales.

Ante esta falta de responsabilidad estatal, el resultado fue de decenas de heridos -uno en estado reservado- y detenidos, atentando contra la libertad de expresión, el derecho a la protesta e imposibilitando el trabajo periodístico.

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