El que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos adjudicó 6,4 millones de euros en un año a la aerolínea canaria Binter que ha certificado la coartada del ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres sobre los encuentros en pisos de Madrid con 'señoritas' que se investigan en el marco de la trama Koldo. El empresario Víctor de Aldama entregó este lunes al Tribunal Supremo documentación sobre los pisos alquilados en la capital para que Ábalos, Ángel Víctor Torres y Koldo García mantuvieran los citados encuentros y aseguró que la gestión con las 'señoritas' era responsabilidad del propio Koldo. El ministro de Política Territorial salía al paso este martes esgrimiendo dos certificados de la compañía aérea Binter y un tercero de Iberia para justificar que no se encontraba en Madrid cuando se suponía que tenía que asistir a los polémicos contactos. Según datos del Registro Mercantil, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Ministerio de Transportes de Ábalos adjudicó tres contratos en apenas un año a la compañía Binter desde la Dirección General de Aviación Civil. El primer contrato por valor de 368.000 euros se adjudicó en plena pandemia del covid-19 el 8 de abril de 2020. El objeto de la adjudicación mediante trámite de emergencia era el servicio de transporte aéreo en determinadas rutas del archipiélago canario durante el estado de alarma. Días después, se concedían otros 500.000 euros a la aerolínea canaria en otro adjudicación con el mismo concepto. El tercer contrato de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Ábalos se adjudicó a Binter en julio de 2021 por valor de 5.592.604 euros, sólo unos días antes de que fuera cesado por Pedro Sánchez. El objeto de este contrato, el más cuantioso, eran los 'servicios de transporte aéreo regular sometidos a obligaciones de servicio público en las rutas aéreas La Gomera - Gran Canaria y La Gomera - Tenerife Norte'. Cabe destacar que, según los datos del Registro Mercantil, Binter no ha vuelto a recibir ninguna adjudicación estatal más. Aldama aportó concretamente al Supremo correos confirmatorios de Airbnb a su cuenta de 'email' del pago de un piso ubicado en la calle Atocha por su alquiler entre el 9 y el 10 de noviembre de 2018 por 323,71 euros. El empresario también presentó documentación de un segundo pago por valor de 298,27 euros por otro piso, situado en la calle Ayala, y que la trama presuntamente habría disfrutado la noche del 15 al 16 de diciembre de 2018. Según la descripción web, era 'un apartamento de lujo' de 120 metros con tres dormitorios --uno principal, uno doble y otro con literas--, dos baños y capacidad para seis personas. Según los certificados de las compañías Binter e Iberia presentados por Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial habría volado a Madrid el 10 de noviembre a primera hora de la mañana, en un vuelo Iberia 6:35, para asistir a un Comité Federal en Fuenlabrada y habría vuelto ese mismo día por la tarde: 'Consta como embarcado el 10 de noviembre con Llegada a Gran Canaria a las 16:55', ha leído y ha añadido que tuvo premura por volver al archipiélago era porque 'esa noche se casaba la hermana de mi mujer'. 'Esa noche dormí en Gran Canaria, nunca pude dormir en ese piso', ha afirmado tras acusar a Aldama de 'injurias y embustes'. Torres además mostraba los citados certificados de Binter para intentar acreditar que en la noche del 8 al 9 de noviembre de 2018, cuando todavía era vicepresidente del cabildo de Gran Canaria, durmió en Tenerife y no estaba en Madrid ya que no partió de la isla chicharrera hasta la tarde del viernes 9. 'Nadie que sea humano puede estar en dos sitios a la vez', apuntaba.

Un testigo ha denunciado en sede judicial el borrado de correos electrónicos de su propia cuenta relacionados con la contratación del hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, investiga a David Sánchez por posibles delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Este miércoles han declarado como testigos el exdirector y la actual directora del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, Evaristo Valentí y Rosario Mayoral, así como la directora del Conservatorio Profesional de Música, Yolanda Sánchez. También han comparecido como testigos-peritos, la inspectora regional de Extremadura de la Agencia Tributaria, el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, y la delegada Especial de la Agencia Tributaria de Extremadura. Este jueves, declararán como investigados el propio David Sánchez el presidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, entre otros. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que 'la directora del Conservatorio Profesional de Música, Yolanda Sánchez, ha denunciado durante su comparecencia como testigo que han desaparecido emails de su propia cuenta de correo electrónico de la Diputación de Badajoz que ella no ha borrado. Dichos correos estarían relacionados con la contratación de David Sánchez en el año 2017'. 'La directora del Conservatorio Profesional de Música ha asegurado que el contrato de David Sánchez como coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música sigue vigente en la actualidad. Sin embargo, la testigo ha manifestado que no ve al hermano del presidente del Gobierno en su puesto desde el año 2023', añaden. Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que 'la directora del Conservatorio Profesional de Música desconocía que David Sánchez era su jefe directo. Yolanda Sánchez se ha enterado en sede judicial a preguntas de la instructora que el hermano Pedro Sánchez estaba en el organigrama de la Diputación Badajoz justo por encima de ella. No lo sabía'. Este miércoles también comparecían como testigos-peritos la inspectora regional de Extremadura de la Agencia Tributaria, el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, y la delegada Especial de la Agencia Tributaria de Extremadura. Estos cargos de Hacienda participaron en la elaboración de un informe que concluía que David Sánchez no había cometido irregularidades fiscales. Dicho informe no fue una investigación como tal, sino que simplemente se cotejó el caso del hermano del presidente del Gobierno con la base de datos. Las mismas fuentes consultadas por este diario señalan que 'los tres testigos-peritos han reconocido ser cargos de libre designación y que nunca habían participado en la elaboración de un informe de esas características, porque esta labor no se encuentra entre sus funciones'. Un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario el pasado mes de noviembre desvelaba que la Diputación Provincial de Badajoz aumentó su presupuesto 123.000 euros para 'enchufar' al hermano del presidente del Gobierno, a pesar de las 'reticencias' de la directora de Cultura y de que el presidente de la Diputación consideraba 'excesiva' la creación del puesto. 'El día 5 de octubre de 2016, se hace llegar un resumen de las mismas a, entre otras personas, la Diputada Delegada del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social y al Presidente de la Diputación. En esta propuesta no se haría mención alguna a la creación de un puesto de alta dirección para coordinar las actividades de los dos conservatorios provinciales. Destacando el hecho de que, este mismo día, por parte del Presidente de la Diputación, a la vista de esta propuesta, en cuanto al personal, habría mostrado su parecer de que era excesiva', destacaba la UCO.

La capital de Cataluña opta por luces que valdrían para cualquier celebración o incluso por referencias al Islam

El CGPJ atiende a la petición del juez y remite las cuentas abiertas desde 2019 hasta este año en varias entidades

El pasado mes de octubre, el gobierno de Pedro Sánchez anunció un 'tasazo' de basuras que será de cumplimiento obligatorio para los gobiernos municipales. Los alcaldes se han visto obligados a desarrollar este nuevo gravamen a raíz de la aprobación de la Ley de Residuos, uno de los proyectos estrella de la ya ex ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien dejó todo atado para que los gobiernos municipales no tuviesen más remedio que introducir este gravamen. Hasta ahora, muchos gobiernos municipales no cobraban una tasa de basuras y otros moderaban su impacto para que no llegase a alcanzar el umbral que ahora se pretende generalizar y que significa que todos los municipios deberán sufragar el 100% del coste de este servicio, siguiendo las directrices que ha marcado el gobierno de Pedro Sánchez. Ante la resistencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ribera alegó que este cambio fiscal se deriva de una normativa europea. Sin embargo, precisamente ahora que la ex ministra de Transición Ecológica acaba de empezar su periplo como comisaria en Bruselas, las instituciones comunitarias han puesto de manifiesto que la aplicación del 'tasazo' no es, en absoluto, un dictamen que emana de la Unión Europea y que, por tanto, se debe aplicar por obligación. Como explica la eurodiputada del Partido Popular, Alma Ezcurra, 'el gobierno nos decía que este 'tasazo' de basuras que entra en vigor en enero de 2025 venía impuesto por Bruselas, pero desde el Parlamento Europeo se lo hemos preguntado a la Comisión y su respuesta ha sido muy clara, que ha negado que esta subida fiscal venga decretada por las instituciones comunitarias'. 'Esto ya ni siquiera es fanatismo climático, sino la pretensión de sabotear a tantos y tantos ayuntamientos donde el Partido Popular arrasó al Partido Socialista en las últimas elecciones. Quieren obligar a estos alcaldes a subir las tasas a los vecinos y que ya no se pague el servicio de basuras con remanentes de Tesorería o con otros recursos municipales, que es lo que defendemos nosotros', apunta la política madrileña. 'Una vez más, la izquierda quiere imponerle al ciudadano de a pie el precio para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder, pero les estamos desenmascarando, porque ahora van a tener que explicar qué pretenden hacer con esta subida de impuestos, que supone 3.800 millones de euros de incremento recaudatorio', explica Ezcurra. 'Mal empieza Teresa Ribera, primera semana en el cargo y primer fracaso: sus propios compañeros reconocen públicamente que miente', concluye. A continuación se puede comprobar la pregunta remitida por los europarlamentarios del PP: En su respuesta, la Comisión Europea apunta que 'las autoridades locales pueden adoptar otras medidas' y que dichas soluciones 'pueden variar, además, en función de los agentes a los que se impongan', negando así el discurso de Ribera según el cual Bruselas impuso a España la obligación de sacar adelante el 'tasazo' de basuras. A partir de 2025, los Ayuntamientos deberán cobrar esta tasa, con un impacto recaudatorio de 3.800 millones de euros. En el caso de Madrid, por ejemplo, se estima que el golpe será de 140 euros por familia, generando unos 256 millones de incremento recaudatorio para la corporación local. La ayuntamiento de la capital recuerda que el gobierno no tenía la obligación de aplicar una tasa de estas características, como ha demostrado la respuesta de la Comisión a las preguntas de los europarlamentarios del PP, y ha responsabilizado exclusivamente al gobierno de Sánchez por su 'voracidad fiscal'. Asimismo, desde Cibeles denuncian 'la indefinición y las dificultades jurídicas del gravamen', alertando de escenarios similares a las reclamaciones masivas por el diseño de la nueva plusvalía municipal. La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local también se ha sumado a las críticas al gravamen, alertando de la deficiente técnica con la que se ha definido un impuesto que debe implantarse de forma generalizada a partir de 2025. Asimismo, también se habla ya del posible efecto de segunda ronda que podría tener el ‘tasazo’ en el precio de los alquileres, en la medida que el gravamen puede ser asumido inicialmente por los propietarios pero, a continuación, puede terminar siendo repercutido sobre los inquilinos, como sugiere la teoría económica sobre los costes reales de los impuestos. Desde el Partido Popular, que controla numerosos ayuntamientos tras los buenos resultados cosechados en las elecciones municipales de 2023, apuntan que el tributo 'será compensado con otras rebajas fiscales y bonificaciones'.