La OC-32/25 es una hoja de ruta jurídica para respuestas estatales inclusivas, efectivas y basadas en derechos humanos frente a la emergencia climática.

🔹 Coincide con y respalda al Plan de Acción de Chile (2024–2034) del Proceso Cartagena+40, que impulsa marcos de protección y políticas integrales para personas desplazadas por desastres y cambio climático en América Latina y el Caribe.

🔹 Estas medidas, aunque puedan ser temporales, deben estar acompañadas de soluciones duraderas y de cooperación internacional efectiva.

🔹 Reafirma el carácter vinculante del principio de non-refoulement bajo el derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados, y lo adapta a los retos emergentes de la movilidad humana transfronteriza en el contexto climático.

🔹 Párrafo 433: La Corte exige mecanismos legales y administrativos —visas humanitarias, permisos temporales, reconocimiento del estatuto de refugiado o figuras similares— que aseguren protección contra la devolución (non-refoulement) para personas desplazadas por causas climáticas.