Pese a los reveses continuos para las acusaciones de la ultraderecha, éstas logran que la situación de la dirigente de Compromís se eternice. La política está atrapada entre el empecinamiento de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, que insiste en abrir juicio oral, y la reticencias del juez instructor y el fiscal, que no quieren enviarla al banquillo porque no ven indicios contra ella La jueza vuelve a archivar la causa contra Mónica Oltra y niega que haya indicios contra ella Mónica Oltra dimitió el 21 de junio de 2022 de su puesto de vicepresidenta del Gobierno valenciano del Pacte del Botànic. En los más de tres años fuera de la primera línea política, los pasos de la dirigente de Compromís han estado irremediablemente condicionados por la causa en la que figura como investigada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana. Oltra permanece en una suerte de limbo, a medio camino entre la resistencia del juez instructor y del fiscal a sentarla en el banquillo de los acusados, al no hallar indicios de criminalidad, y el empecinamiento de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, presidida por el magistrado conservador Pedro Castellano, en enviarla a juicio. La postura del instructor y del representante del Ministerio Público conlleva la paradójica situación de alejar un posible juicio oral que la sección cuarta nunca ha ocultado que tiene en su punto de mira. El último episodio ha supuesto una batalla ganada por la defensa de Mónica Oltra frente a las acusaciones populares, que ejercen varias marcas de la extrema derecha, a la espera de los más que probables recursos de apelación, que debe resolver la sección de la Audiencia de Valencia presidida por Castellano. Tanto el juez, Vicente Ríos, como el fiscal, Jaime Cussac, descartaron la existencia de indicios contra Oltra y el resto de investigados en el procedimiento. El instructor se vio obligado a dictar el auto de procedimiento abreviado (el paso previo en términos procesales al de juicio oral) por “imperativo legal”, una fórmula que no se ve todos los días en los tribunales. La Audiencia de Valencia se ventiló la decisión en un auto de apena seis folios que ni siquiera entraba al fondo de la detallada resolución del veterano Vicente Ríos, uno de los jueces de instrucción más reconocidos en la Ciudad de la Justicia de València, que cuenta con un historial solvente en causas complejas como el 'caso Emarsa', entre otras. La sección cuarta, por su parte, insiste en la “hipótesis plausible” de que Oltra encubrió a su exmarido. “Estimo que nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad contra el mismo y, en conciencia, reitero que no los aprecio en la conducta de los encausados”, afirmó el juez en su anterior auto, del pasado 27 de junio. Las acusaciones populares que ejercen Vox y Gobierna-te, la asociación de la agitadora ultra Cristina Seguí recurrieron la decisión del juez Ríos de archivar de nuevo la causa en vez de abrir juicio oral. La sustituta del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València, actualmente de baja, dictó este viernes un auto que desestima los recursos de reforma de ambas acusaciones, acuerda de nuevo el sobreseimiento provisional de la causa y deniega la apertura de juicio oral. La jueza Ana María Lillo coincide así con la postura del fiscal Cussac, “perfectamente ajustada a Derecho”. El representante del Ministerio Fiscal reitera que no ve indicios de delito y considera que el recurso de Vox “distorsiona” el “alcance” del auto de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, que ordenaba al juez Ríos “la acomodación del procedimiento a los trámites del procedimiento abreviado y posterior apertura, en su caso, de juicio oral”. El fiscal, en su informe de oposición a los recursos de reforma, subraya el “en su caso” de la Audiencia, a modo de rendija por la que escaparse de una decisión que no comparte para nada. Tanto el instructor como el fiscal descartan los indicios contra Oltra, tras una minuciosa instrucción que, además de numerosas testificales y diligencias, repasó decenas de miles de correos electrónicos. “Es decir, en ningún caso la superioridad adelantó la decisión de apertura del juicio oral”, afirma el escrito del Ministerio Público. El fiscal renuncia voluntariamente a ejercer la acusación pública, su papel natural, y se alinea así con la resistencia del instructor de enviar al banquillo a alguien sin indicio alguno de delito. La decisión de abrir juicio oral, remarca el escrito, corresponde al instructor “en su papel de juez de garantías”. “No existe pues y como pretende el recurrente ningún _mandato  _de apertura del juicio oral que usurpe, anticipando un determinado posicionamiento, el criterio del instructor al respecto”, apostilla. ## Las órdenes de “la Superioridad” También sostiene que la “narración fáctica” del juez instructor que propició el sobreseimiento de la causa fue “expresamente hecha suya” por la sección cuarta de la Audiencia de Valencia. Además, el fiscal también reprocha a las acusaciones que no precisen los “indicios individualizándolos para cada episodio fáctico y para cada acusado/a” en el procedimiento. El tremendo lío y el enfrentamiento abierto entre juez y fiscal y “la Superioridad”, como aludió el representante del Ministerio Público con mayúscula oficialista incluida en referencia a la sección cuarta, alarga un enrevesado procedimiento que se cobró el fuerte liderazgo de Mónica Oltra como líder de Compromís, formación que no ha acabado de levantar cabeza. En los más de tres años desde su dimisión, el Pacte del Botànic perdió el poder en favor de un Gobierno de alianza entre el PP y la extrema derecha de Vox, que ejerce una de las acusaciones populares en la causa; una dana arrasó gran parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, dejando 230 fallecidos y reconfigurando de raíz el panorama político autonómico; el president Carlos Mazón dimitió a consecuencia de las dudas sobre sus paso el día de la tragedia, y Juan Francisco Pérez Llorca asumió la presidencia de la Generalitat como sucesor del jefe del Consell que alargó una sobremesa con Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro mientras la catástrofe se agravaba. Oltra, una de las figuras políticas más destacadas de la izquierda valenciana, ha reaparecido en los últimos tiempos en algunos actos públicos, ejerce de abogada de Compromís, entre otros campos, y tiene asumido que acabará sentada en el banquillo. Aunque, de momento, sigue desmovilizada en un limbo, a modo de etapa previa a un juicio en el que, en todo caso, se sentaría en el banquillo sin que la Fiscalía le acuse de nada.

'El boletín del director' es una carta semanal de Ignacio Escolar exclusiva para socios y socias de elDiario.es. Si tú también lo quieres leer y recibir cada sábado en tu buzón, hazte socio o socia “Nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad”, dice el juez Vicente Ríos. Y según su criterio, aquí no los hay. Ana María Lillo, la jueza sustituta de Ríos, comparte el argumento y ha vuelto a archivar la causa contra Mónica Oltra, acusada por la ultraderecha de encubrir abusos sexuales de su exmarido en un centro de menores tutelados. Un proceso penal que forzó su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. La destrucción de su carrera política es una de las claves para explicar cómo llegó a la presidencia el nefasto Carlos Mazón. “Los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal alguna”, sostiene el fiscal, que también es muy contundente en su petición de archivar. Pese a todo, aún no ha terminado este proceso judicial. Tampoco tiene pinta de que este vaya a ser el punto final. Lo más probable es que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia revoque este tercer archivo y reabra otra vez esta pesadilla judicial. A pesar de la falta de pruebas, me temo que Mónica Oltra se acabará sentando en el banquillo de los acusados dentro de un par de años. Probablemente será absuelta. Para entonces, ya dará igual. Es un ejemplo casi perfecto de ‘lawfare’. Porque la regla número uno de este tipo de persecución política en los tribunales es que no importa el resultado: solo el proceso. Cuanto más dure, mejor. Lo de menos es la condena. La imputación, por sí sola, sirve para hundir cualquier reputación. Pero vayamos a los hechos. El exmarido de Oltra, Luis R. I., trabajaba como educador social en un centro de menores tutelados por la Generalitat Valenciana. Una de ellas le denunció en 2017 por abusos sexuales: la víctima entonces tenía 14 años. Ha acabado condenado a cinco años de cárcel. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en 2023. Hoy está encerrado en prisión. Quien impulsó como abogado la denuncia de esa menor en los juzgados fue José Luis Roberto, un trabajo que asegura que ejerció “de manera gratuita”. Es un conocido líder de la ultraderecha que fue secretario general de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne –los prostíbulos, por aclarar el eufemismo– y presidente del partido neofascista España 2000. Además de José Luis Roberto, formó parte de la acusación la agitadora ultra Cristina Seguí: cofundadora de Vox en Valencia, condenada por humillar a una niña víctima de violación. Ambos aprovecharon ese caso de abusos sexuales para atacar a Mónica Oltra y forzar la apertura de una segunda causa, a la que más tarde se sumó Vox. Es evidente que, si el acusado no hubiera sido su exmarido, jamás habrían aparecido por allí. “Me la voy a follar sin tocarle un pelo”, llegó a tuitear Roberto, con la bravuconería habitual del fascismo. La jugada le salió: consiguió extender el caso hasta la Conselleria que dirigía Mónica Oltra, la de Igualdad y Políticas Inclusivas, responsable de la supervisión de esos centros de menores. El 1 de abril de 2022, Oltra fue imputada. Dimitió dos meses después. El juez de instrucción que investigó las querellas contra Oltra fue Vicente Ríos, un magistrado riguroso y progresista, conocido por su contundente investigación del caso Emarsa, uno de los grandes escándalos de corrupción del PP valenciano. Con el respaldo de la Fiscalía, en 2022 Vicente Ríos entendió que había indicios “racionales, serios y fundados” para pedir la imputación de Oltra, con el fin de investigar su posible responsabilidad. Basó esa decisión en la orden de la Conselleria de abrir un expediente informativo cuando ya estaba en marcha una investigación judicial –un expediente que cuestionaba la credibilidad de la menor–. Su sospecha era que Oltra había intentado obstaculizar la denuncia contra su ex. Ese mismo juez de instrucción fue también quien tomó declaración como imputada a Mónica Oltra. Después de escucharla, de oír a otros testigos y de revisar correos y documentación, Vicente Ríos llegó a la conclusión de que Oltra era inocente. El 2 de abril de 2024, este juez archivó la causa. Según su criterio, algunas de las decisiones que se tomaron en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas fueron “desacertadas”, “inútiles” o “redundantes” –como abrir ese expediente interno cuando la Fiscalía de Menores ya había abierto diligencias–. Fue una gestión mejorable, pero no delictiva, concluyó Ríos. Y añadió que no existe prueba alguna de que Mónica Oltra diera instrucciones a su equipo para torpedear esa denuncia. El auto de archivo del juez Vicente Ríos –96 páginas– era profuso en detalles y argumentos, y de un alto nivel jurídico. Tenía, además, la credibilidad de proceder del mismo magistrado que había pedido la imputación de Oltra. Tras una investigación de dos años, el juez llegó a la conclusión de que la acusada era inocente y de que no existía prueba ni indicio alguno, ni siquiera, para llevarla al banquillo. En circunstancias normales, el martirio de Oltra habría terminado aquí. Pero esta nunca ha sido una causa normal. Las acusaciones ultras recurrieron el archivo. Y en junio de 2024, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó al juez Vicente Ríos reabrir la investigación. Lo hicieron en un auto de escasos seis folios, en el que ignoraron los argumentos de Ríos y ni siquiera se molestaron en rebatirlos. Vicente Ríos cumplió esa orden y reabrió la investigación “por imperativo legal”, como hizo constar en ese auto; acatando la orden pero sin compartir el criterio. La instrucción se prolongó un año más y, en junio de 2025, Ríos la volvió a archivar. De nuevo, el juez insistió en que no existe “absolutamente ningún indicio” para llevar a juicio a Oltra. Es el mismo criterio que comparte la Fiscalía. Las acusaciones recurrieron. Y quien ha decidido volver a archivar es otra jueza, Ana María Lillo, que está de suplente en el juzgado de Vicente Ríos –actualmente de baja laboral–. Tras el sobreseimiento de esta jueza, lo siguiente está casi escrito. Las acusaciones volverán a la Audiencia Provincial, que muy probablemente insistirá en sentar a Mónica Oltra en el banquillo de los acusados: contra el criterio de la Fiscalía y de dos jueces de instrucción. Esto, simple y llanamente, es una gran anomalía. No es moneda corriente en otros procedimientos judiciales. Y todo se entiende mejor cuando se sabe quién preside la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que es la que ordenó reabrir la causa. Este juez, clave en esta historia, se llama Pedro Castellano. Es un miembro destacado de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. En 2009, los vocales nombrados por el PP en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) intentaron ascenderle a presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia –el que decide sobre los aforados autonómicos–, un nombramiento que impidió Margarita Robles, entonces vocal del CGPJ. Castellano fue presidente de la Audiencia de Valencia y hoy preside la sección cuarta, la misma que dictó la polémica resolución que libró a 49 asesores y concejales del PP del caso Taula por el “pitufeo” de billetes de 500 euros para financiar ilegalmente una campaña de Rita Barberá. Según el singular criterio de este tribunal, no es lo mismo “dinero negro” que “dinero sucio”, y por tanto no había nada delictivo en recibir del PP dos billetes de 500 euros y volver a aportarlos al partido como supuesta donación personal. Esa misma sección de la Audiencia Provincial que preside Castellano fue también la que libró al PP de Valencia de otra derivada del caso Taula: la presunta financiación ilegal. Argumentaron que “no se sabe de dónde viene el dinero”, y que “bien podría ser una donación puntual”; 50.000 euros en una cuenta opaca del PP de Valencia. La sección cuarta es también la que juzgó a Eduardo Zaplana por corrupción. En 2024, el exministro de Aznar fue condenado a diez años de cárcel, pero el tribunal decidió que por ahora siga en libertad, por no apreciar riesgo de fuga y porque la sentencia aún no es firme. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a esta decisión. El teléfono del despacho de Pedro Castellano apareció en una agenda telefónica en papel que la UCO incautó de la casa de la familia Barberá –probablemente pertenecía a la exalcaldesa de Valencia– durante uno de los registros del caso Azud. El resto de los teléfonos de esa agenda manuscrita eran una auténtica demostración de poder: en ella figuraban varios otros magistrados de la cúpula judicial valenciana. Una de las conexiones clave es la de Fernando de Rosa. Expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia. Exvicepresidente y presidente en funciones del CGPJ, donde llegó nombrado por el PP. Conseller de Justicia con Francisco Camps. Senador y hoy diputado del Partido Popular. En la agenda manuscrita encontrada en casa de Barberá no venía el nombre de Fernando de Rosa. Sí figuraba el móvil de su hermano, Alberto de Rosa, que ha sido durante años uno de los principales responsables de Ribera Salud, la empresa de la sanidad privada que gestionaba el polémico Hospital de Alzira, que el gobierno progresista del Botànic ordenó revertir. Aquella decisión del gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra salió muy cara a Ribera Salud –una empresa hoy de plena actualidad por su polémica gestión del Hospital de Torrejón, en Madrid–. Y Oltra después acusó a la familia De Rosa de estar detrás de su proceso judicial. Había datos para sostener su acusación. La foto de un encuentro entre Francisco Camps, Alberto de Rosa y Cristina Seguí, la activista ultra que promovió su acusación. O que Ribera Salud contratara a la víctima de los abusos del exmarido de Oltra, y a su pareja, en el hospital de Torrevieja. O el testimonio de esta mujer, tiempo después. En septiembre de 2022, medio año más tarde de que Oltra fuera forzada a dimitir, la denunciante de los abusos dio una entrevista al diario Levante-EMV. “Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada”, aseguró. Según la joven, ya veinteañera, Cristina Seguí le prometió trabajo y un piso en Madrid, algo que luego no cumplió. El empleo en el hospital de Torrevieja duró poco: ella y su pareja fueron despedidos cuando la Generalitat Valenciana recuperó ese hospital y dejó de estar gestionado por Ribera Salud. Hace un año, esta mujer fue condenada a un año y ocho meses de cárcel por una estafa en Internet. ¿Y Mónica Oltra? ¿Qué hace hoy? Tras verse obligada a dimitir, volvió a trabajar como abogada. Sigue colaborando con su coalición, Compromís, pero sin capacidad de volver a la primera línea política. Quien fuera una de las dirigentes con más tirón y mejor valoración de toda la izquierda hoy sigue en dique seco. A pesar de este sobreseimiento, si la Audiencia Provincial fuerza el juicio, no podrá librarse de la mancha de este proceso penal hasta 2028. Como pronto, su martirio terminará seis años después de que fuera llamada a declarar.

El resto de votantes ha sido contactado por personal de Correos para que, siguiendo el procedimiento establecido, pueda emitir su voto nuevamente Guardiola reaparece para insistir en el pucherazo descartado por la Guardia Civil: “Veo juego muy sucio” Un total de 122 de los 124 electores cuyos votos por correo fueron sustraídos en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) ya han ejercido nuevamente su derecho al voto, según datos aportados por Correos este sábado. El resto de votantes ha sido contactado por personal de Correos para que, siguiendo el procedimiento establecido, pueda emitir su voto nuevamente, ha informado el ente público postal en un comunicado de prensa. Sobre la sustracción de los 124 votos por correo ocurrida en la oficina postal de Fuente de Cantos, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atribuyó este viernes el hecho a “la delincuencia común”. Explicó que el instituto armado, que mantiene aún abierta la investigación, tiene registradas cinco incidencias por intentos de robo en oficinas de Correos y solo en uno de estos casos, en la localidad de Fuente de Cantos, los autores lograron su objetivo. En concreto, la madrugada del jueves se llevaron una caja de fuerte que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo. La caja fue localizada forzada y abierta horas después en un paraje de Talavera la Real sin dinero y con los votos por correo esparcidos a su alrededor. Estos votos “no eran del interés” de los delincuentes, pues todo apunta a que se trata de “un delito de delincuencia común”. Una atribución que también ha recalcado Correos sobre unos hechos que vincula con otros robos perpetrados en oficinas de la misma comarca. Además, ha recordado que una resolución de la Junta Electoral Provincial de Badajoz autorizó la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz para procurar su entrega a los interesados y que pudieran emitir nuevamente su voto por correo. “En aplicación de dicha resolución, Correos activó de inmediato un operativo especial para asegurar que todos los ciudadanos pudieran ejercer su derecho”, ha expuesto. Asimismo, Correos ha asegurado que continuará adoptando todas las medidas organizativas necesarias y de refuerzo de seguridad para “garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público” encomendadas al servicio postal en los procesos electorales.

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La duodécima manifestación multitudinaria, cerca de 50.000 personas según Delegación de Gobierno, ha recorrido las calles del centro de València para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la **dana del 29 de octubre que dejó 229 víctimas** , al grito de "el president a Picassent", "Mazón culpable", "Mazón a prisión" y "ni oblit ni perdó" y porque es "un momento de reivindicación y memoria". Cuando está a punto de cumplirse un año de la tragedia, **la marcha la encabezan varios tractores** y ha participado una muixeranga antes de salir la pancarta de cabecera con el lema de "Mazón dimisión", para alzar la voz como ha señalado en declaraciones a los medios la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, "por los que ya no pueden alzarla". Los asistentes muestran carteles con las frases "**Mazón culpable, Feijóo miserable** " o "Visca València lliure de fang i d'eixos merdes"; también portan muñecos de Mazón y de la vicepresidenta Susana Camarero con las manos manchadas de sangre; muestran fotos de familiares fallecidos con los rótulos de "Justicia" o "Estamos aquí por vosotros". La presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, ha lamentado al inicio de la marcha, que un año después de la tragedia "**continuamos sin saber qué estaba haciendo Carlos Mazón** " en esa tarde y siguen "reclamando verdad por todas las víctimas" y "por las personas que aquel día lo pasaron mal". "Necesitamos saber esa verdad; **necesitamos justicia que llegará por la jueza** , pero también necesitamos esa justicia que sea política y social. Por eso estamos aquí, para reclamar esa verdad, esa justicia y esa memoria para las víctimas que aún no pueden descansar en paz porque aún no saben qué pasó aquel día", ha dicho. En esta línea, ha reclamado "**responsabilidades políticas** y que se vaya todo el Consell a casa porque un año después no nos dan seguridad". "Es el momento de la reivindicación; la memoria también es reivindicación y la reivindicación también es memoria", ha expuesto. Por su parte, Rosa Álvarez ha afirmado que **estos actos son "de reivindicación"** y en los que el pueblo "tiene la ocasión de demostrarnos todos los meses su apoyo y también el rechazo al 'president' de la Generalitat y al Consell". "No reconocemos ni legitimamos a Mazón como presidente de la Generalitat porque el día 29 no estuvo donde por cargo le correspondía, por lo que si estaba ausente ese día, nos sobra cualquier día y en cada momento". La marcha, convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana, junto a las asociaciones de víctimas de la dana, los comités locales de emergencia y reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià, ha comenzado en la plaza de San Agustín para recorrer las calles Xàtiva, Colón, Palau de Justícia, Alfons el Magnànim, la Paz, plaza de la Reina, Brodadors y Micalet, y acabar en la plaza de la Virgen.