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Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, tienen una ficha roja emitida por la Interpol debido a que son buscados por la justicia mexicana por su presunta participación en varios delitos graves. La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa principalmente de **delincuencia organizada**, **lavado de dinero** y **defraudación fiscal**, relacionados con un esquema de desvío de recursos públicos por casi 3 mil millones de pesos (aproximadamente 146 millones de dólares en su momento). Según las investigaciones, durante el sexenio pasado, habrían utilizado empresas fantasma para simular operaciones y "lavar" dinero proveniente de contratos adjudicados sin licitación por la Secretaría de Gobernación, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Estos recursos, destinados originalmente a mejoras en el sistema penitenciario, fueron transferidos a empresas factureras que, a su vez, realizaron múltiples operaciones bancarias para ocultar el origen ilícito del dinero. La ficha roja, emitida en octubre de 2021 a solicitud de la FGR, implica que la pareja es rastreada en más de 190 países para su localización, detención y extradición a México, donde enfrentarían prisión preventiva en caso de ser capturados. A pesar de esto, ambos han permanecido prófugos desde entonces, y aunque Inés Gómez Mont ha defendido su inocencia públicamente, las autoridades mexicanas mantienen las acusaciones en su contra.

Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, tienen una ficha roja emitida por la Interpol debido a que son buscados por la justicia mexicana por su presunta participación en varios delitos graves. La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa principalmente de **delincuencia organizada**, **lavado de dinero** y **defraudación fiscal**, relacionados con un esquema de desvío de recursos públicos por casi 3 mil millones de pesos (aproximadamente 146 millones de dólares en su momento). Según las investigaciones, durante el sexenio pasado, habrían utilizado empresas fantasma para simular operaciones y "lavar" dinero proveniente de contratos adjudicados sin licitación por la Secretaría de Gobernación, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Estos recursos, destinados originalmente a mejoras en el sistema penitenciario, fueron transferidos a empresas factureras que, a su vez, realizaron múltiples operaciones bancarias para ocultar el origen ilícito del dinero. La ficha roja, emitida en octubre de 2021 a solicitud de la FGR, implica que la pareja es rastreada en más de 190 países para su localización, detención y extradición a México, donde enfrentarían prisión preventiva en caso de ser capturados. A pesar de esto, ambos han permanecido prófugos desde entonces, y aunque Inés Gómez Mont ha defendido su inocencia públicamente, las autoridades mexicanas mantienen las acusaciones en su contra.

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