Las experiencias de países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido demuesrtran que este modelo está lejos de ser una fórmula mágica, pues refleja con frecuencia una determinada visión política de la «persona deseable» más que una necesidad objetiva del mercado laboral

Por Javier Asensio y Javier Campos El pasado 9 de octubre el Congreso aprobó la Ley de Movilidad Sostenible (LMS). Aunque se trata de una norma que introduce novedades en muchos aspectos, en otras cuestiones es más de lo mismo. De hecho, con respecto a los servicios de transporte interurbano

España está siendo el gran motor del crecimiento europeo. El 40% de todo el avance en el PIB del continente ha venido del país ibérico. Además, según el FMI, este liderazgo seguirá vigente toda la década con un crecimiento del 2,5% este 2025 (triplicando la región) y del 1,8% y 1,7% en los años posteriores. Sin embargo, hay un gran problema que esconde este auge económico. El que tradicionalmente se ha considerado su principal pilar podría ser en realidad un pesado lastre, sobre todo para el mercado laboral. Si bien suma a la economía y ayuda a combatir el desempleo, también provoca una espiral de precariedad al tener un techo de ingresos muy bajo que puede tener un efecto arrastre en el resto de sectores. Y, además, impide que otro tipo de empresas obtengan mano de obra.