Con esto no pretendo indicar que la gestión haya sido objetivamente mala, sino simple y llanamente que quizás el electorado de estos dos partidos percibe (como el electorado de otras fuerzas políticas) que el Gob. Central ha actuado con mucho tacticismo y poco corazón.

Por cierto, deberías precisar en el texto que colocas aquí que la agencia que ha sancionado a Glovo es la GPDP italiana, y no nuestra rutilante AEPD, probablemente desconcertada y a otras vainas mientras les llueven ranas alrededor :)

Ya que la AEPD no se encuentra en esta maravillosa red social, extiendo este aviso a @mpresidenciagob.bsky.social y @felixbolanosg.bsky.social, ya que nuestra autoridad de control depende de su flamante Ministerio. ¿Piensan tomar nota de las actuaciones de la GPDP, o seguimos haciendo como si nada?

Además, como PD a este hilo, conviene tener en cuenta que las prácticas de Glovo sobre sus trabajadores se hacen muy seguramente extensivas a otras empresas que se ubican en el mismo sector. ¡Una contingencia, esta, que se contempla en la LOPD como habilitante para realizar auditorías sectoriales!

En definitiva, y como planteaba al inicio de este hilo, la sanción de la GPDP italiana tiene que servir como un sutil recordatorio para que la AEPD haga debidamente su trabajo, iniciando inmediatamente un nuevo procedimiento de investigación (y sanción) a la empresa barcelonesa.

Si además de esto Glovo torpedea u obstruye las investigaciones de la AEPD impidiendo el acceso a información, equipos, locales, etc. nuestro ordenamiento jurídico contempla estos hechos como constitutivos de (otra vez) infracción muy grave, sumando al monto que les tocaría pagar a estos angelitos.

¿Puede hacer frente Glovo a las sanciones máximas contempladas? Probablemente no, teniendo en cuenta que su volumen de negocio declarado para 2023 fue de 10.500 millones de €. Pero con esto… Oye, amigo, ¡es lo que hay si uno quebranta reiteradamente la ley!

La infracción de cada uno de estos preceptos (el de “minimización de datos” y el relativo a los requisitos que tienen que darse para que el consentimiento sea libre) supone, según el Reglamento UE, multas de hasta 20 millones o de hasta un 4% del volumen de negocio total anual de la empresa.

Glovo probablemente se defienda de estas acusaciones diciendo que sus riders han consentido libremente para la recogida y tratamiento de esta clase de datos. Pero, ¡oh milagro! El Reglamento UE ya contempla este extremo, planteando que el consentimiento puede estar viciado (y no ser libre) si…

Primero de todo, la empresa se ha pasado por el forro el principio de “minimización de datos” (esto es, que los datos que se recogen y tratan se limiten a lo requerido para el cumplimiento de unos fines declarados), espiando los terminales de sus trabajadores fuera del horario laboral.

Tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) como el Reglamento UE 2016/679 dejan meridianamente claro que, a tenor de lo que se revela en la investigación de Tracking Exposed (y en la sanción de la GPDP), a Glovo se le pueden imputar varias infracciones calificadas como muy graves.

A la vista de la sanción interpuesta por la GPDP italiana, de 5.000.000€, va de suyo que la AEPD no ha hecho su trabajo debidamente, y que ya sea por dejación de funciones o por simple incompetencia, Glovo se la ha colado reiteradamente.

Hay que tener en cuenta que la AEPD ya ha sancionado en dos ocasiones a Glovo, con un primer procedimiento confirmado por la Audiencia Nacional, por el que la empresa tuvo que pagar 25.000€, y un segundo procedimiento (muy reciente, y por tanto sujeto a recurso) que la condena al pago de 550.000€.