(20/20) ¿A cuántos miles de zendales equivaldría esa cifra si contemplásemos también la elusión fiscal (IS + IVA) que se propicia mediante la combinación de entidades sin ánimo de lucro y sociedades limitadas en los grupos relacionados principalmente con los servicios sociales y la sanidad?

(19/20) Una cosa u otra, esa suma milmillonaria que se acumula en manos privadas son fondos que han dejado de aplicarse en unos servicios imprescindibles para la mayoría de las personas.

(18/20) ¿podrían todas estas entidades estar incurriendo en falsedad documental o es algo permitido por la administración para que, históricamente, ese tipo de contratos tuvieran la parte de beneficio industrial que no estaba contemplado legalmente?

(17/20) Si ninguna entidad/empresa cuyos ingresos públicos por costes de estructura superen a los costes reales por este concepto está devolviendo ni un euro a la administración,

(16/20) y balances privados con patrimonios de cientos de millones de euros procedentes de beneficios acumulados por la gestión de fondos públicos.

(15/20) El resultado son abultadas nóminas (si hay directivos de entidades sin ánimo de lucro de “supuesta” iniciativa social superando los 120.000€ brutos/año, imaginad en los grandes grupos)

(14/20) se puede dar el caso de estar ingresando, por ejemplo, 10 millones de euros en concepto de costes de estructura mientras el coste real por este concepto no superaría los 7.

(13/20) Si a esto le añadimos que las diferentes administraciones que sacan a concurso la gestión no cruzan datos de justificación, ni tampoco nadie compara los costes de estructura totales reales de cada entidad o empresa con respecto a los obtenidos mediante los contratos y subvenciones públicas,

(12/20) En definitiva, conforme el volumen de proyectos públicos a gestionar aumenta, los beneficios extra por costes de estructura crecerán en proporción directa al número de personas que no son contratadas y al nivel de precariedad laboral que la entidad/empresa infrinja sobre las que sí lo son.

(11/20) Si nuestra entidad ficticia ya gestionaba 2 proyectos con 8 personas, ahora podría gestionar holgadamente los 5 proyectos con 14 personas (6 trabajadoras anteriores x 2 + 2 directivos) y generar un beneficio extra equivalente al coste de las 6 personas que no se acaban contratando.

(10/20) Y aquí viene el truco de las economías de escala basadas en la explotación laboral: si el nº de puestos de trabajo en estructura no crece en la misma proporción que el importe total de recursos adjudicados para ese concepto, la diferencia se convierte en margen extra para la entidad gestora.

(9/20) Si el crecimiento en personal de estructura fuera proporcional a los fondos adjudicados por las diferentes administraciones para ese concepto, además de poder costear un alquiler anual de 30.000€, la entidad debería contar ya con 20 personas y un coste salarial total de 720.000€ anuales.