Aquí se explica bien parte del problema que hablábamos: ctxt.es/es/20181212/...

La respuesta literaria a esa pregunta (que también se dio en Alemania o en Argentina) es tibia hasta lo alarmante. Y en cierta medida define un poco el "gusto medio" del lector español y su literatura: apaños conciliatorios en el teatrillo de la sentimentalidad familiar. Diría.

Policía y Guardia Civil, sin ser entes perfectos, tienen a sus propios departamentos de Asuntos Internos, investigan a fondo a muchos de los suyos y llegado el momento, actúan con contundencia y con abundancia de pruebas. No hay nada realmente equivalente en el CGPJ.

Juan de Dios Anguita. Juzgaba casos que afectaban a su propia empresa inmobiliaria. Sus sanciones se sucedían y se anulaban, hasta ser expulsado por incapacidad. Y readmitido al anularse todas sus sanciones.

José Manuel Raposo. Amenazó a un inspector de la ITV porque su coche no pasó la inspección a la primera. Su sanción fue anulada.

Pilar Ramírez: ella y su familia tenían intereses económicos en Marbella, donde era jueza. Fallaba repetidamente a favor de Gil y Gil en asuntos que beneficiaban a su familia. El Supremo anuló su expulsión, sigue impartiendo justicia.

José Antonio Martín. Asesoraba a un narco e intercedía por él ante fiscalía y otros jueces. El Supremo anuló la sanción contra él.

Enrique Peralta Prieto. Metió a un hombre en la cárcel por error. Ni se molestó en mirar las pruebas de que era imposible que el acusado estuviera en el lugar de los hechos (estaba en el hospital). No se le ha sancionado y de hecho se le ha ascendido a un tribunal superior de justicia.

Ángel Luis Del Olmo. Años sin ducharse, orinando en su despacho y vejando a los funcionarios (que tenían que aguantar las arcadas). Tras más de 10 años de investigación y reclamaciones, multa de 5000 euros. Murió literalmente en su puesto.