En mi opinión, la legalidad y seguridad jurídica son mucho más que meros principios; se han convertido y deben ser reconocidos como auténticos derechos humanos, pues como afirma Prieto Sanchís (2017) «𝘭𝘰𝘴 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰𝘴 𝘢𝘥𝘰𝘱𝘵𝘢𝘯 𝘭𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘦𝘹𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢 𝘥𝘦 𝘥𝘦𝘳𝘦𝘤𝘩𝘰𝘴» (p. 159).