Davant la creació de la T-Social per part de l’AMTU, la UGT de Catalunya reclama una veritable tarificació social de...

A pesar del descenso de las cifras estadísticas de accidentes de trabajo publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, tenemos que lamentar la muerte de 686 personas trabajadoras durante los 11 primeros meses del año.  Las causas de los fallecimientos no son novedosas, sino que se vienen repitiendo a lo largo del tiempo, destacando principalmente los infartos y derrames cerebrales; las caídas; los atrapamientos, aplastamientos y amputaciones; así como los accidentes de tráfico.  Hasta el mes de noviembre del presente año se han registrado 491.634 accidentes en jornada de trabajo y 83.212 accidentes in itinere. La variación en relación a los 11 primeros meses del año anterior se situó en -2,1% para los accidentes en jornada y en +2,5% para accidentes in itinere. Son cifras muy elevadas a pesar del descenso experimentado entre los accidentes sucedidos durante la jornada de trabajo.  Frente a este panorama desolador, desde UGT continuamos reivindicando una profunda revisión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que consiga acabar con la siniestralidad laboral. La seguridad y la vida de las personas trabajadoras debe protegerse por encima de todo. Por ello, hacemos un llamamiento a que la sociedad en su conjunto entienda que no podemos permitirnos más muertes en el trabajo.  Los accidentes que paralizan la vida de las personas trabajadoras y de sus familiares pueden evitarse. Las empresas deben entender que los riesgos del siglo XXI no están protegidos con una norma del siglo XX. Los grupos parlamentarios tienen la oportunidad de debatir y aprobar una reforma necesaria de la legislación actual y de avanzar en la protección de las personas trabajadoras. Centenares de muertos cada año no es asumible para una sociedad como la nuestra. Urge el compromiso con la Seguridad en los centros de trabajo.  Además, son muchas las cuestiones que deben actualizarse en esta Ley, por ejemplo, la incorporación de la perspectiva de género y de edad, la protección de la seguridad y salud frente a los riesgos climáticos, así como de aquellos derivados de la digitalización del mundo del trabajo como por ejemplo la desconexión. Sin olvidar la protección de la salud mental de las personas trabajadoras, que se encuentra seriamente mermada y que, sin lugar a dudas, se ve influida por las condiciones de trabajo y la precariedad laboral.  Como complemento a lo anterior, desde UGT reivindicamos la creación de una figura similar a la del Delegado/a Territorial de Prevención de Riesgos Laborales, pero a nivel estatal. Esta figura ayudaría, sin duda, a mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales en aquellas PYMES de nuestro país que no tiene representación sindical, y es que los centros de trabajo sindicalizados son más seguros. Además, la reforma de la Ley debe dotar de crédito horario específico a los delegados y delegadas de prevención para que puedan desempeñar las funciones que tienen encomendadas y que resultan esenciales para la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.   

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La depresión es un trastorno emocional que afecta al 5% de los adultos en todo el mundo (4,6% de los hombres frente al 6,9% de las mujeres). Se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, lo que supone un coste de un billón de dólares por año en pérdida de productividad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).En la Unión Europea, según la Encuesta “OSH Pulse 2025: Occupational safety and health in the era of climate and digital change”, se ha producido un aumento de las personas que declaran sufrir estrés, depresión o ansiedad (del 27 % al 29 %) causado o agravado por el trabajo, en relación con la encuesta llevada a cabo en 2022. Este porcentaje aumenta hasta el 40% para las personas trabajadoras de España. En España, los problemas de salud mental más frecuentemente registrados en las historias clínicas de atención primaria son los trastornos de ansiedad (111,3 casos por cada 1.000 habitantes), seguidos de los trastornos del sueño y de los trastornos depresivos (87,3 y 49,3 por cada 1.000 habitantes, respectivamente); con una tendencia creciente en la serie 2016-2023, según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, 2024. La depresión es un trastorno mental frecuente que afecta a personas de todas las edades y se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración, según la OMS.  La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. En España en 2024 se suicidaron 3.953 personas, según las cifras definitivas del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un descenso de 163 casos respecto al año 2023, cuando se registraron 4.116.  El estrés laboral, el miedo a perder el trabajo, la inseguridad laboral, las largas jornadas laborales y una mala organización del trabajo afectan directamente a la salud mental de las personas trabajadoras y generan costes elevados tanto para aquellos que ven perjudicada su salud como para las empresas y para la sanidad pública que debe asumir los costes del tratamiento y rehabilitación.   Los datos reflejan la dura realidad de muchas personas, por lo que desde UGT instamos a que se mejore la protección de la salud mental de los trabajadores y trabajadoras de forma urgente. Para ello, debe actualizarse la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que actualmente no está protegiendo de manera efectiva la salud mental de las personas trabajadoras y esto debe ser remediado. Desde UGT pedimos a los distintos grupos parlamentarios responsabilidad para poder avanzar en la protección de la mermada salud mental de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Los riesgos psicosociales son los menos evaluados por parte de las empresas lo que conduce a deficiencias en su gestión preventiva, por lo tanto, consideramos necesario regularlos de forma diferenciada, ya que son riesgos laborales a los que todas las personas trabajadoras podemos estar expuestos en algún momento de nuestra vida laboral.  En consonancia con lo anterior, es necesaria la actualización del listado de enfermedades profesionales español para que sean incluidas las patologías derivadas de los riesgos psicosociales, siguiendo la estela de la OIT que ya lo recoge en su listado de 2010. Así lo hemos reivindicado en el Grupo de Trabajo que se encuentra actualmente abierto en el que se está debatiendo la actualización del listado de enfermedades profesionales español. Además, desde UGT reivindicamos la elaboración, con la participación de los interlocutores sociales, de una Directiva comunitaria dirigida a regular la gestión de los riesgos psicosociales en las empresas que sirva de paraguas para todos los Estados miembro que, como España, no dispone de una norma de estas características. Para ampliar información, podéis consultar aquí el Informe sobre Salud Mental y Trabajo de 2025.   

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A pesar del descenso de las estadísticas de accidentes de trabajo publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, tenemos que lamentar la muerte de 624 personas trabajadoras durante los diez primeros meses del año. Son datos graves que reflejan la realidad de la situación: cada día dos personas mueren por el simple hecho de intentar ganarse la vida.  Hasta el mes de octubre del presente año se han registrado 446.435 accidentes en jornada de trabajo y 74.967 accidentes in itinere. La variación en relación a los diez primeros meses del año anterior se situó en -2,3% para los accidentes en jornada y en +1,8% para accidentes in itinere. Son cifras muy elevadas a pesar del descenso experimentado entre los accidentes sucedidos durante la jornada de trabajo.  Ante estas escandalosas cifras y tras 30 años de vigencia debe modificarse la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Desde UGT venimos reivindicando una revisión profunda de esta normativa en materia preventiva que consiga acabar con la siniestralidad laboral, pero también con el objetivo de abordar los nuevos retos preventivos traídos de la mano de las transiciones demográfica, climática y digital. Lamentablemente, la Mesa de Diálogo Social en la que se estaba negociando esta modificación se ha cerrado sin el acuerdo de la patronal. Tras unas largas negociaciones, que han transcurrido a lo largo de 20 meses, la patronal ha bloqueado cualquier posible acuerdo en este ámbito. Por ello, instamos al Gobierno a buscar otras alternativas frente a este bloqueo. Son muchos los retos que se abordaron a lo largo de esta negociación y que desde UGT hemos intentado que se incorporasen tanto a la Ley de Prevención como al Reglamento de los Servicios de Prevención. Por ejemplo, la incorporación de la perspectiva de género y de edad, la protección de la seguridad y salud frente a los riesgos climáticos, así como de aquellos derivados de la digitalización del mundo del trabajo como por ejemplo la desconexión. Sin olvidar la protección de la salud mental de las personas trabajadoras, que se encuentra seriamente mermada y que, sin lugar a dudas, se ve influida por las condiciones de trabajo y la precariedad laboral.  También, desde UGT, reivindicamos la creación de una figura similar a la del Delegado/a Territorial de Prevención de Riesgos Laborales a nivel estatal. Esta figura ayudaría, sin duda, a mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales en aquellas PYMES de nuestro país que no tienen representación sindical.  Igualmente, el dotar de crédito horario específico a los delegados y delegadas de prevención es otra propuesta que no se ha materializado dado el bloqueo patronal.