La violencia de género afecta de manera desproporcionada a las mujeres con discapacidad, quienes no solo enfrentan abusos por parte de sus parejas, sino que también son revictimizadas por un sistema judicial que no las protege y por la administración. Historias como las de Ruth y María revelan cómo la falta de un enfoque interseccional y la violencia institucional las despojan de sus derechos y, en algunos casos, las separan de sus hijos. Es crucial que se tipifique la violencia institucional y se implementen reformas que garanticen la protección de las mujeres, en especial de las más vulnerables.

Leonor Pérez-Durand/ periodista escribiendo sobre violencia de género, contra las infancias, y violencia institucional Cuando un padre traslada a sus hijos a otro país sin consentimiento, no solo viola la ley: destruye su mundo. El Convenio de La Haya existe para evitar este trauma, pero Perú lo incumple sistemáticamente. Felipe y Rafael llevan diez meses separados de su madre por una sustracción internacional que los tribunales se niegan a resolver de acuerdo a derecho…

La escalofriante cifra del Registro del Nacido Vivo revela que cada mes casi 50 niñas menores de 14 años son obligadas a parir, incumpliéndose así las recomendaciones de agencias como el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Revela, además, que en Perú las niñas violadas son torturadas por los operadores de justicia y los médicos que se niegan a permitir el aborto terapéutico, al que tienen derecho en salvaguarda de sus vidas…

Pamela La Rosa Calderón, peruana de 22 años de edad, llegó a España embarazada, huyendo de creciente delincuencia del Perú. En febrero de 2025, a dos meses de estar viviendo en Madrid, denunció a su pareja por maltrato. En marzo, cuando fue a parir, los servicios sociales de la Comunidad de Madrid le quitaron a su bebé recién nacida.

La expareja de un trabajador de la Mula.pe lo denunció ante el medio por haberla violentado física y psicológicamente, y por tener fotos no consentidas de ella; y el medio, que se presenta como progresista, feminista y defensor de DD. HH., no actuó de manera efectiva ni transparente, otorgando vacaciones al trabajador y despidiéndolo solo tras la amenaza de la joven de hacer pública su denuncia. Este caso refleja que los medios de comunicación peruanos carecen de protocolos adecuados para abordar la violencia de género y revela cómo la revictimización de las mujeres denunciantes es aún un problema crítico.

Desde diciembre de 2024, un grupo de madres ha denunciado en redes, medios de comunicación y a través de quejas formales ante el CGPJ, el trato que reciben ellas y sus casos por parte del juzgado nº 2 de VIOGEN de Barcelona, y expresan su total preocupación por las afirmaciones del Consejero de Justicia catalán, quien dice no haber recibido ninguna queja. La violencia institucional también implica "actuar por omisión".

El 75% de demandas de Sustracción Internacional de La Haya se presentan contra madres migrantes que, intentando proteger a sus hij@s de la violencia de sus propios progenitores, retornan a sus países en busca de protección y apoyo. Lamentablemente, el Convenio al no aplicarse con enfoque de género ni de infancias revictimiza y convierte en víctimas de violencia institucional a las madres protectoras. Laura es una de esas madres y podría ser condenada a 3 años y 6 meses de prisión, por la justicia española, por haber intentado proteger a su hija cuando la justicia le falló.

La resistencia del fiscal José Luis Checa Matos, a nombrar la cosas por su nombre, es decir, a tipificar un feminicidio como un feminicidio, alarga el inicio del juicio por el asesinato de Heydy Macedo Ballico, joven huaracina, cuya vida fue cegada el 31 de diciembre de 2022 y su cuerpo arrojado al río.

El pedagogo, investigador y dibujante italiano ha dedicado su vida a fomentar una educación alejada de la tradicional, y a recuperar para los niños los espacios públicos de las ciudades

En mitad de una operación de un tratamiento de cáncer, con la paciente ya dormida, la sanitaria recibió una llamada de United Healthcare, la aseguradora que costeaba la operación.

La vista estaba prevista para el 16 de enero por un presunto delito de agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá.

Texto: Leonor Pérez-Durand/Periodista Los medios digitales y las redes sociales han democratizado la difusión de noticias y tienen al patriarcado con episodios de histerias individuales y colectivas. En la otra acera están las mujeres llevando sus casos a los juzgados y a la prensa, y esto no lo pueden tolerar los denunciados, porque se perdona el pecado, pero no el escándalo.

Gerardo Berdejo, el director de teatro Guillermo Castrillón o Renato Pazos Niño de Guzmán, son ejemplos claros de como a la justicia peruana no le importa si son varias mujeres las que denuncian a un mismo agresor, pues igualmente los libera de polvo y paja. Cuando una mujer denuncia la única garantía es que la juzgada y revictimizada, será ella.

Gerardo Berdejo, me ha dedicado un espacio en todos sus vídeos, incluso, me ha dedicado un vídeo en exclusiva, poniendo todo su empeño en insultarme y en desprestigiar mi trabajo como periodista, y todo por haber sido quien recopiló los testimonios de las mujeres que aseguran haber sido abusadas sexualmente por él.

Una de las cuatro denuncias presentadas contra Gerardo Berdejo, por «delito contra la libertad sexual en su modalidad de tocamientos obscenos», era de una joven que junto con él participaba de las actividades del grupo animalista Anonymus For The Voiceless.

La divulgación de datos de salud y de la privacidad es delito según el Código Penal. Este detalle lo deberían tener en cuenta los denunciados, como Gerardo Berdejo, antes de elaborar sus vendettas. Las mujeres no debemos ser juzgadas ni expuestas por denunciar. La defensa de un acusado no debe basarse en la estigmatización de las denunciantes. La ley 30364 prohíbe la revictimización

Cuando las mujeres denunciamos un robo, no se duda de nosotras; pero al reportar agresiones sexuales se nos exige, por lo menos un par de moretones. Esta es la denuncia de una joven, su revictimización por parte del denunciado, Gerardo Berdejo, y de cómo unas juezas anularon la condena basándose en chats que muestran, por lo menos, la "insistencia" del acusado, ignorando la pericia psicológica que confirma el daño emocional.