La postura leguleya que asumen algunos Operadores en Insolvencia, de permitir que abogados desordenados actúen sin poder en los trámites a su cargo, estuvo desde siempre proscrita por el Código General del Proceso, y la ley 2220 de 2022, y ninguno de nosotros lo notó. Aclaro que, como Operador Judicial en Insolvencia, no permito que ningún agente oficioso actúe en mis trámites desde hace más de diez años, como lo conté en esta entrada.

La columna de María Paula Cárdenas parte de la percepción errónea sobre la defensa de los acreedores en insolvencias, abordando los desafíos que enfrentan al lidiar con deudores, destacando la manipulación de deudas ficticias. Propone estrategias legítimas para que los acreedores defiendan sus derechos, enfatizando la necesidad de entender el sistema de insolvencia.

La Ley 2540 de 2025 privatiza procesos ejecutivos mediante arbitraje, afectando especialmente a deudores y consolidando nuevas cláusulas compromisorias.

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La Ley 2445 de 2025 permite que el deudor actúe como su propio liquidador bajo ciertas condiciones, como estar en amparo de pobreza o tener el apoyo de acreedores. El deudor debe conservar y entreg…

La reciente reforma al régimen de insolvencia amplía su alcance, flexibiliza requisitos y otorga más protección a los deudores en situaciones críticas.

La Ley 2388 de 2024 introduce el concepto de familia de crianza, definida por la convivencia continua de al menos cinco años, sin parentesco sanguíneo. Establece roles específicos y requisitos legales para su reconocimiento, así como derechos y deberes mutuos entre padres e hijos de crianza, incluyendo derechos alimentarios y sucesorales.