En Andalucía, ser enfermo renal no significa solo convivir con una enfermedad dura: significa enfrentarse a un gobierno que ha decidido mirar hacia otro lado. Bajo la gestión sanitaria de Moreno Bonilla, la hemodiálisis se ha convertido en un calvario marcado por esperas interminables, rutas imposibles y una carencia estructural de recursos. Lo que debería ser una prioridad absoluta de salud pública se ha transformado en el ejemplo más claro de un modelo que desmantela lo público para alimentar la privatización. Las consecuencias están a la vista: rutas de transporte sanitario que duran media jornada, pacientes que aguardan hasta seis meses para ver a un nefrólogo, unidades funcionando al 120% de su capacidad y recortes sistemáticos en servicios esenciales como los taxis sanitarios. Es imposible no ver el patrón: se deja caer la sanidad pública mientras crecen los fondos dirigidos a clínicas privadas. Andalucía se está convirtiendo en un territorio donde enfermar es un castigo adicional y donde la pobreza amenaza con convertirse en una condena. María, sevillana de 68 años con enfermedad renal crónica en estadio 4, lo resume sin matices: "Llevo cuatro meses esperando para que me vea el nefrólogo". Su caso, lejos de ser una excepción, es la norma. Según la Federación Nacional ALCER, la espera media para una primera consulta nefrológica en Andalucía supera los 90 días, muy por encima de los 45 que se consideran clínicamente aceptables. En algunas provincias, la demora real alcanza los seis meses. Cada uno de esos meses implica algo muy concreto: pérdida irreversible de función renal, diagnósticos tardíos y complicaciones evitables. La Sociedad Andaluza de Nefrología lo advierte con contundencia: "Cada mes de retraso en el diagnóstico significa un porcentaje de función renal que no recuperaremos. Estamos jugando con fuego, y los pacientes pagan las consecuencias". Pero en la Consejería de Salud el fuego parece no quemar: se priorizan campañas de imagen mientras la nefrología acumula una inversión un 12% inferior a la media nacional. La situación se vuelve crítica cuando hablamos del acceso a diálisis. Según el Informe de Tiempos de Espera para Tratamientos Renales Sustitutivos (2024), en provincias como Huelva y Jaén los pacientes pueden esperar hasta diez semanas para comenzar un tratamiento que literalmente marca la diferencia entre vivir o morir. Diez semanas que se traducen en complicaciones cardiovasculares, deterioro del estado nutricional, impacto psicológico severo y progresión acelerada de la enfermedad. La saturación del personal sanitario completa este cuadro desolador. SATSE denuncia turnos que comienzan a las seis de la mañana y terminan pasada la medianoche. Máquinas que no descansan. Profesionales exhaustos. Una enfermera atiende a cinco o seis pacientes simultáneamente cuando lo recomendable son tres o cuatro. "No podemos dar la atención que querríamos", admiten. No pueden, porque trabajan con un 8% menos de personal que en 2018 y en unidades saturadas al 120%. Pretender un servicio digno en estas condiciones es una ficción. En zonas rurales, la enfermedad renal se convierte además en una condena económica. Antonio, de 35 años, vecino de la sierra...