Frente al modelo de privatización del PP, impulsamos la Ley de Gestión Pública para frenar sus negocios.
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La ADSPM denuncia que la negativa a crear el registro de objetores compromete el acceso al aborto seguro, vulnera derechos y genera desigualdad en la sanidad madrileña.
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Pero no tiene que ser al revés? No es la Junta la que tiene que conocer los datos , informar y responsabilizarse de ellos?
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www.publico.es/sociedad/che...
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www.publico.es/sociedad/san...
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La Junta sigue sin afrontar la necesaria reestructuración de la plantilla en Atención Primaria
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