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El Juzgado 2 de León emite por fin la esperada sentencia, tras las presiones de familiares y amigos, eximiendo de toda responsabilidad por el accidente de 2013 a los 16 acusados, la compañía minera de...

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La macrocausa fue destapada tras un informe de la Agencia Tributaria elevado a la Fiscalía en diciembre de 2014.

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La magistrada instructora recuerda que Mazón "no ha hecho uso de la facultad de declarar voluntariamente como investigado" y que el Código Penal "tipifica el delito de falso testimonio" El director general de Emergencias se negó ante la jefa de prensa del Cecopi a informar a los medios sobre la dana La jueza de la dana ha solicitado a las Corts Valencianes y al Congreso de los Diputados los videos de las comparecencias del president en funciones, Carlos Mazón, en sendas comisiones de investigación, tal como había solicitado la acusación popular que ejercen la Associació Víctimes de la dana 29 octubre 2024. La magistrada, según indica en un auto dictado este martes, explica que la comparecencia en cualquier comisión parlamentaria “se sujeta a la obligación de decir verdad” y que el Código Penal “tipifica el delito de falso testimonio, y por tanto, tiene una relevancia claramente distinta a las manifestaciones que se puedan hacer en sede parlamentaria fuera de una comisión, o mediante declaraciones públicas o por entrevistas”. La resolución cuestiona abiertamente varias de las aseveraciones del president en funciones en el Congreso. La magistrada afirma que “no se corresponden con el contenido de la instrucción”. “No es lo mismo llamadas canceladas, el receptor no las admite, que llamadas perdidas”, dice la resolución, que alude a tres llamadas canceladas con la entonces consellera Salomé Pradas. Por otro lado, agrega, “ha de reiterarse la existencia de información sobre la gravísima situación, las previsiones meteorológicas, llamadas al 112 (...), avisos de la CHJ [Confederación hidrográfica del Júcar] o las llamadas al servicio de teleasistencia, de familiares y usuarios que fallecieron”. El auto también repasa otro de los bulos que expresó Mazón: “De igual modo ha de atenderse al momento en que se tiene conocimiento de los fallecimientos, difícilmente se puede fijar a partir de la madrugada del 30 de octubre, tanto por las propias manifestaciones públicas que efectuó el Presidente de la Generalitat en el Centro de Emergencias, en su comparecencia retransmitida por À Punt, a las 00.35, sino también por elementos anteriores en el tiempo perfectamente documentados”. Poco después de la comparecencia de Carlos Mazón aquella madrugada, se dio el preaviso a la directora del Instituto de Medciina Legal (IML) de València de la previsión de la activación del protocolo de múltiples víctimas. Además, la jueza instructora también señala que en la petición de activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para toda la provincia de Valencia por parte del Centro de Emergenias (a las 20.35 del 29 de octubre) ya se indicaba que había fallecidos. ## Un “elemento de prueba pertinente” El auto recuerda que Mazón “no ha hecho uso de la facultad de declarar voluntariamente como investigado”, lo cual “le habría eximido de la obligación de declarar ante una comisión de investigación” La instructora considera que los videos se erigen en “elemento de prueba pertinente” y alude a las “manifestaciones vertidas por el Presidente de la Generalitat sobre la toma de decisiones en el ámbito del Cecopi [Centro de Coordinación Operativa Integrado], que expresó que le es ajeno, o el envío del mensaje Es-Alert a las 20.11 horas”. El escrito de la Associació Víctimes de la dana 29 octubre 2024 pedía que se hicieran los requerimientos tanto a la presidenta de la comisión del Congreso, Carmen Martínez, como a su homóloga de la cámara autonómica, Miriam Turiel, para que los dos videos se incorporaran al procedimiento “a todos los efectos legales oportunos”.

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A partir de las 13.20 han comenzado a solucionarse los problemas de conexión con el servicio de Cloudflare en España, aunque la empresa todavía no ha informado sobre las causas de esta caída

Juan Borrás, jefe de equipo de atención al 112, confirma que los protocolos admiten que los usuarios "dan su consentimiento" y que se entregan a los juzgados sin consultar a los intervinientes