La Comisión Europea vigila si el Gobierno de Pedro Sánchez ha aplicado sus recomendaciones para hacer frente a la corrupción. Con el Ejecutivo acorralado por los casos que afectan al entorno personal y político del presidente del Gobierno, Bruselas quiere saber si existen «avances» en esta materia, una de las máximas preocupaciones de las autoridades comunitarias. Así se recoge en una respuesta por escrito firmada por el comisario de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath. En su contestación al Partido Popular Europeo, avisa que «la Comisión supervisa continuamente las medidas adoptadas a nivel nacional para abordar las conclusiones y recomendaciones del informe anual sobre el Estado de Derecho» e informa que «como parte de este proceso, ha ofrecido una reunión con las autoridades de todos los Estados miembros, incluida España, para dar seguimiento a las recomendaciones correspondientes». El último informe sobre el Estado de Derecho en España, conocido en julio del año pasado, es especialmente crítico. En el dossier, Bruselas expresa su «preocupación» por la «presión indebida» de los miembros del Gobierno de Sánchez contra los jueces. «En unos pocos Estados miembros existe preocupación por una presión indebida sobre el Poder Judicial por parte de políticos o del nivel ejecutivo, y también hay evidencia de presiones provenientes de terceros países. El riesgo de que las declaraciones públicas de gobiernos y políticos puedan afectar a la opinión pública. La confianza en la independencia judicial ha generado preocupación en Eslovaquia, Italia y España», se recoge, citando expresamente las «declaraciones públicas de políticos, incluso del Gobierno, criticando al Poder Judicial». Bruselas, asimismo, avisa sobre la falta de independencia del fiscal general del Estado, e insta a llevar a cabo una reforma para separar su mandato y el del Gobierno «para cumplir con las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía». En las alusiones concretas a la corrupción, la UE se detiene especialmente en los casos «de alto nivel» y exige más medidas, además de reforzar la Oficina de Conflictos de Intereses. «El Gobierno está obligado por ley a aprobar, para septiembre de 2024, una estrategia global destinada a prevenir y combatir la corrupción, si bien la actividad correspondiente aún no se ha puesto en marcha», critica la Comisión en su informe. Entre las medidas requeridas está la creación de canales seguros para lo que Europa denomina whistleblowers, los confidentes que alertan sobre casos de corrupción gubernamental. Además, Europa quiere conocer las declaraciones de bienes de los cónyuges de los miembros del Gobierno. Una petición que ha sido rechazada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La respuesta de la Comisión Europea se produce en plenos casos Begoña Gómez y David Sánchez; que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno: la trama Koldo o el escándalo del fiscal general del Estado por la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El PP, a través de los eurodiputados Dolors Montserrat y Juan Ignacio Zoido, se dirigió a la Comisión por escrito destacando que «el Gobierno estaba obligado por ley a aprobar, antes de septiembre de 2024, una estrategia global destinada a prevenir y combatir la corrupción». «Sin embargo, no se ha aprobado dicho texto legislativo ni tampoco se ha avanzado en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la que se debe abreviar la duración de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos para mejorar la eficacia contra la corrupción». «Teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez está acechado en estos momentos por diferentes escándalos de corrupción que implican a su esposa, a su hermano y a ex ministros del Ejecutivo, y que incluso afectan a fondos europeos, ¿qué plan de actuación va a llevar a cabo la Comisión Europea para presionar al Gobierno a mejorar la lucha contra la corrupción, que parece no ser su prioridad?», preguntaron los populares.  Bruselas, además, recuerda que presentó en mayo de 2023 una directiva «para actualizar y armonizar las normas de la UE sobre definiciones y sanciones relativas a los delitos de corrupción, y anima a los colegisladores a iniciar diálogos tripartitos lo antes posible».

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